En la presentación del eje Fortalecimiento de la democracia y gobierno de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, fueron anunciados algunos puntos clave de la política anticorrupción. Entre ellos, destaca la propuesta de crear una agencia anticorrupción federal que esté adscrita al Poder Ejecutivo. Sin embargo, es crucial preguntarse cuáles son las ventajas, desventajas, retos y problemas para una agencia anticorrupción, considerando el diseño institucional y el contexto mexicano.
#ColumnaInvitada | Agencias anticorrupción, ¿qué sirve y qué no?
Es crucial preguntarse cuáles son las ventajas, desventajas, retos y problemas para una agencia anticorrupción, considerando el diseño institucional y el contexto mexicano.
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A pesar de lo atractivo que suene crear una agencia anticorrupción, lo cierto es que requieren de una serie de condiciones para que puedan ser efectivas. Al respecto, Quah (2004; 2009; 2010; 2013; 2015; 2017) ha hecho una extensa labor para revisar qué condiciones requieren las agencias anticorrupción para ser exitosas, realizando múltiples estudios en más de más de 20 países en Asia y Oceanía. Dentro de las principales están:
- Autonomía e independencia: una agencia es autónoma e independiente cuando es capaz de elegir a su propio personal y tiene injerencia para decidir a la cabeza de la organización, tiene margen de libertad en la asignación de recursos presupuestarios, es capaz de elegir sus objetivos y metas, así como los casos que serán investigados.
- Compromiso presupuestario constante: los gobiernos deben asegurar los recursos presupuestarios para el funcionamiento de la agencia, puesto que es común que la agencia solo reciba insumos durante su fundación, pero conforme avanza el tiempo, los gobiernas reduzcan el presupuesto.
- Personal altamente capacitado: Es fundamental contar con personal altamente capacitado, que cuente con expertise en distintas áreas relacionadas con las tareas de la organización.
- Tiempo y paciencia para mostrar resultados concretos: dado que la corrupción es un problema complejo, así como clandestino, para poder mostrar resultados concretos, se requiere tiempo.
- Cumplimiento efectivo de las normas con consecuencias reales: para que una agencia cumpla con sus objetivos depende que las fiscalías y el sistema judicial del país cumplan con su función, de modo que existan sanciones ejemplares administrativas o penales para las personas que cometan actos de corrupción.
- Procesos organizacionales eficaces: para que una agencia funcione, esta debe contar con capacidades organizacionales de coordinación, planeación estratégica, implementación, investigación y comunicación.
- Voluntad política: compromiso político por parte de los actores políticos en el poder para desarrollar, apoyar y mantener a la agencia, incluso, si esa agencia investiga casos relacionados con miembros de ese propio grupo en el poder.
Revisando estas condiciones situándolas en el contexto mexicano y, particularmente, enmarcándolas en el discurso del presente gobierno que asegura su continuidad con Sheinbaum como candidata, surgen algunos cuestionamientos.
En primer lugar, una agencia anticorrupción que está adscrita al poder ejecutivo elimina cualquier posibilidad de autonomía real, puesto que es evidente que existirá influencia sobre su funcionamiento, desempeño, su personal y los objetivos organizacionales que perseguirá. Creer que una agencia que dependa del ejecutivo puede ser independiente y autónoma, sin estar atada a las presiones del partido en el poder, es solamente eso, una creencia. Aunque para algunos es suficiente, la base del ejercicio público debería contar con más sustancia y evidencia.
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En segundo lugar, dado que el gobierno de AMLO ha encumbrado a la austeridad como uno de sus principales valores en la Administración Pública Federal, esta visión del ahorro desmedido y desarticulado discrepa directamente de las necesidades de una agencia anticorrupción seria y robusta. De esta forma, surgen dudas sobre si esta agencia contará con los recursos necesarios para iniciar y establecerse como una organización relevante para guiar la política anticorrupción del país.
En tercer lugar, la crítica del presidente a la especificidad de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) también choca con la esencia de una agencia anticorrupción. Cobra más relevancia esta interrogante considerando que Sheinbaum nunca se ha expresado en contra de ese argumento anti-especialización, sino que incluso lo ha apoyado en discursos durante su campaña. Por si fuera poco, esta agencia contaría con facultades que actualmente son del INAI, lo que genera dudas sobre cuál es el futura de esta organización, al tiempo que, alimenta la crítica en contra de los organismos constitucionalmente autónomos (OCA). En otras palabras, reducir en tanto sea posible la autonomía de las organizaciones públicas.
La propuesta de esta agencia genera muchas dudas, y debería despertar alarmas sobre cuál es el futuro de la política anticorrupción en México. Analizando desde una perspectiva crítica, una agencia anticorrupción con las condiciones con las que se presentó parece un retroceso y un proyecto destinado al fracaso. Es más, la propia idea de la agencia ha sido descartada cuando se fundó el SNA, las razones tienen que ver con la vulnerabilidad de estas organizaciones ante la captura política. ¿Por qué regresar a algo que se reconoció que no servía?
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Gabriel Rojas Salazar (@gabrielrojassal) y Mariana Cendejas (@MarianaCendejas). Ambos son investigadores de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización de la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey.
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