Bajo este contexto, generar condiciones que brinden confianza y certidumbre a la sociedad sobre el respeto y la garantía efectiva de sus decisiones, será un elemento indispensable durante este proceso.
Para dar cumplimiento a ese objetivo, el derecho a saber y la protección de los datos personales se presentan como elementos invaluables e insustituibles. Sin información, no hay ejercicio del voto racional que permita cumplir uno de los objetivos de todo régimen democrático: la evaluación de resultados, pues ¿cómo podríamos analizar la efectividad de las políticas públicas sin información? o emitir un voto informado, ¿cómo podríamos conocer las plataformas electorales, o las trayectorias de quienes aspiran a ocupar un cargo público?
Aunado a lo anterior, el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, que por ley los partidos políticos están obligados a cumplir, será fundamental para poner a disposición de la sociedad información clara y oportuna.
Por otro lado, el ejercicio pleno del derecho a la protección de datos personales mediante el acceso, rectificación, oposición y cancelación de la información personal también es crucial para brindar garantías antes y durante el proceso electoral. Más aún, cuando la ciudadanía puede estar expuesta a mecanismos de vulneración o mal uso de su información por condicionar el voto hacia una candidata o candidato o, en su caso, a algún partido político.
En el Instituto Nacional de Transparencia estamos convencidos de que las prerrogativas que tutelamos son indispensables para generar confianza ciudadana y fortalecer el desarrollo óptimo del proceso electoral. Sin este instituto, la ciudadanía carecería del mecanismo institucional para hacer valer estos derechos en los casos en que son vulnerados, lo que ratifica el valor del Instituto para el pluralismo, la capacidad de evaluación de la sociedad al quehacer institucional y, por ende, de toda nuestra democracia.
