La respuesta es no, y resulta difícil matizarla.
Escoltar el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación —organización catalogada por autoridades estadounidenses como una de las más peligrosas del hemisferio occidental— no es un operativo de seguridad: es una declaración de principios fallida.
Un Estado que despliega elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para garantizar el orden en un sepelio de esa naturaleza no está combatiendo al crimen organizado; está administrando su presencia.
Lo que sucedió antes fue aún más grave: cuando se ejecutó la captura de El Mencho, el país entero resintió la reacción del CJNG.
Bloqueos, quemas de vehículos y violencia coordinada en varios estados simultáneamente revelaron que nadie en la cadena de mando anticipó la respuesta criminal con la seriedad que el escenario exigía. La magnitud del despliegue fue, en ambos momentos, inversamente proporcional a su eficacia.
La Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, concibió a este cuerpo como una institución de seguridad pública con disciplina militar, no como una unidad de operaciones especiales.
Su doctrina, su estructura de mando y su perfil de reclutamiento no corresponden al entrenamiento de élite que exige enfrentar al CJNG, un grupo con capacidad de fuego, inteligencia propia y control territorial comparable al de algunas fuerzas estatales.
El grupo criminal dispone de armamento de uso exclusivo del Ejército, drones artillados y células entrenadas en tácticas de guerra irregular.
Frente a ese adversario, la formación de los guardias nacionales es estructuralmente insuficiente: sus periodos de instrucción son notoriamente más cortos que los de cuerpos de élite internacionales comparables, su entrenamiento en escenarios urbanos complejos es limitado, y su doctrina de respuesta ante emboscadas coordinadas no ha sido probada ni consolidada en condiciones reales de alta intensidad.
No es un juicio moral contra sus elementos, que actúan con valentía en condiciones que no eligieron; es un diagnóstico institucional que sus propios mandos deberían exigir corregir con urgencia.
Las fallas son múltiples y sistémicas.
La primera: no prever que la captura de El Mencho detonaría violencia reactiva en varios puntos del país de manera simultánea, desde Jalisco hasta Guanajuato. Eso no es imprevisión ocasional; es ausencia de inteligencia operativa de fondo.
La segunda: exponer a personal en zonas de influencia directa del grupo que se pretende contener, sin anillos de contención suficientes ni cadenas de mando claras ante escenarios de escalada.
La tercera, y quizá la más grave: permitir que el entorno del funeral tuviera visibilidad pública sin haber evaluado el costo simbólico y político de esa imagen para la autoridad del Estado.
El organismo nacional de inteligencia, responsable de anticipar escenarios de esta naturaleza tiene preguntas que responder ante la nación. La planeación quirúrgica que un operativo de esta envergadura exigía brilló por su ausencia, y el precio lo pagaron, como casi siempre, quienes estaban en el terreno.
No. Y la palabra "ridículo" es insuficiente frente a la dimensión del agravio institucional y humano.
El CJNG ha sido responsable de emboscadas documentadas contra militares y policías, de masacres de elementos de seguridad en distintas entidades, y de actos de terror sistemático contra comunidades enteras.
Que el Estado mexicano haya garantizado condiciones de orden para un funeral organizado en el entorno de ese mismo grupo criminal no solo ofende a las familias de los caídos en servicio: normaliza una relación de convivencia que el discurso oficial niega sistemáticamente.
Las Fuerzas Armadas y la propia Guardia Nacional merecen mandos que les asignen misiones acordes a su dignidad institucional, no que los conviertan en resguardo involuntario de los rituales del poder criminal. Hay una contradicción moral insostenible en pedirle a un guardia nacional que cuide el sepelio de quien representa la organización que mató a sus compañeros.
Que un equipo de futbol haya sido prácticamente el único ente público en rendir homenaje visible a los 25 elementos de la Guardia Nacional muertos durante el operativo no es un acto de generosidad deportiva: es el retrato de un vacío institucional profundo y vergonzoso.
El gesto fue mínimo —absolutamente lo mínimo que esas vidas merecían— y aun así superó en contundencia simbólica la respuesta del gobierno.
Veinticinco personas con nombre, familia y vocación de servicio murieron cumpliendo una misión del Estado mexicano, y ese mismo Estado no encabezó su duelo con la presencia, la solemnidad ni la narrativa que el momento exigía.
No basta el parte oficial frío. Se necesita protocolo de Estado, presencia del más alto nivel de gobierno y un compromiso público, irrenunciable, de que esas vidas importan más que el operativo que las expuso.
México necesita con urgencia una unidad de operaciones especiales con doctrina, financiamiento y blindaje jurídico propios, separada orgánicamente de la Guardia Nacional y evaluada con métricas de desempeño reales.
La Guardia Nacional debe someterse a una reforma profunda de su modelo de formación, extendiendo sus periodos de instrucción, incorporando entrenamiento en escenarios de alta complejidad y dotándola de protocolos claros ante escaladas violentas.
En materia de inteligencia, se requiere un organismo técnicamente autónomo, blindado de los ciclos políticos y con capacidad real de anticipación estratégica.
En el plano cultural, debe institucionalizarse un protocolo nacional de reconocimiento a los caídos en servicio, con presencia presidencial obligatoria y cobertura oficial.
Y en lo social, las comunidades en zonas de alta incidencia criminal merecen mecanismos reales de denuncia protegida y participación ciudadana en la evaluación de las corporaciones que las custodian.
Lo ocurrido no fue solo un error táctico aislado.
Fue el retrato de un Estado que aún no decide, con claridad y consecuencia, si combate al crimen organizado o coexiste con él.
Esa ambigüedad tiene un costo que no se mide en comunicados: se mide en vidas. Veinticinco vidas que merecían mejor planeación, mejor formación, mejor liderazgo y, al final, algo más que el silencio institucional y el gesto solidario de un equipo de futbol.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
