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El horror de Nuevo Laredo y el silencio del Ejército

¿Cuántos enfrentamientos reportados por el Ejército, la Marina y, ahora, la Guardia Nacional en realidad son ejecuciones extrajudiciales?
mié 14 junio 2023 06:00 AM
militares
Los hechos ocurrieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hace unos días, la cadena estadounidense de televisión, Univisión, y el diario español, El País, dieron a conocer la ejecución extrajudicial que un grupo de soldados perpetró en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra de cinco civiles.

Ambos medios internacionales difundieron un brutal video que muestra cómo los soldados perpetraron las ejecuciones extrajudiciales e intentaron modificar la escena del crimen para hacerla pasar por un enfrentamiento. La Secretaría de la Defensa Nacional respondió informando sobre la detención y la vinculación a proceso de 16 militares presuntamente involucrados en estos hechos.

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Cabe aclarar que previamente el secretario de Seguridad de Tamaulipas declaró ante los medios de comunicación que los presuntos narcotraficantes habían muerto en un enfrentamiento. Por tanto, en un primer momento, los soldados tuvieron éxito al encubrir sus atrocidades. Si no hubiese sido por la acción de la prensa internacional, este crimen hubiera quedado impune.

Esto obliga a plantearnos varias preguntas incómodas. Primero, siguiendo a Jacobo Dayán: ¿cuántos enfrentamientos reportados por el Ejército, la Marina y, ahora, la Guardia Nacional en realidad son ejecuciones extrajudiciales? ¿Cuántas ejecuciones extrajudiciales han ocurrido en casi dos décadas de militarización de la seguridad pública? ¿Hay manera de saberlo si, como lo han demostrado los casos de Nuevo Laredo, Tlatlaya y otros (como el de los estudiantes del Tec de Monterrey), los perpetradores hacen un esfuerzo consciente por encubrir sus atrocidades y los medios, en muchas ocasiones, se compran la versión oficial?

¿Se trata de casos aislados (de “manzanas podridas”) o, más bien, el modus operandi de las Fuerzas Armadas es fingir que las “bajas civiles” son producto de enfrentamientos y no de ajusticiamientos? Es decir, ¿se trata de crímenes particulares o se puede hablar de una práctica sistemática en la participación de los cuerpos castrenses en labores de seguridad pública?

¿Por qué la Sedena no hizo nada en contra de los soldados hasta que la prensa difundió la matanza? ¿Acaso la Secretaría defiende o encubre a los perpetradores salvo si éstos enfrentan el escrutinio público?

En cuanto a la labor de los medios de comunicación, ¿por qué la prensa internacional —y no nacional— difundió los hechos? ¿Fue casualidad o el periodismo nacional tiene miedo de investigar al Ejército? ¿O acaso la prensa mexicana enfrenta restricciones y obstáculos más grandes de los que pensamos al reportear la acción de las Fuerzas Armadas en el sexenio en que éstas se han empoderado como nunca antes?

Cabe recordar que las ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en Nuevo Laredo, misma ciudad en que un grupo de militares abrió fuego injustificadamente contra la población civil hace apenas unos meses. ¿Acaso las Fuerzas Armadas están rebasadas en esta ciudad? ¿Acaso el clima bélico es tal que los soldados recurren a la brutalidad para hacer valer su poder? ¿Acaso hay una autoridad regional permisiva con estas prácticas en la zona?

Cada una de estas interrogantes ameritaría un profundo ejercicio de reflexión, investigación y discusión, el cual escapa a los alcances de este texto. Sin embargo, para encuadrar este debate, vale la pena leer el ensayo “Zacatecas: la zona del silencio” de Claudio Lomnitz en la revista Nexos.

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Lomnitz se refiere a las zonas de silencio como “regiones donde el peligro y la violencia han callado a los medios y sólo queda el rumor como vía de acceso a lo que sucede”. Zacatecas es una zona de silencio: la violencia ocasionada por los grupos criminales impide ver con claridad la desgarradora realidad del estado.

Pese a las dificultades, el antropólogo recurre a las herramientas de su disciplina para sortear ese silencio y explicar las dinámicas de las pugnas entre organizaciones delictivas, los motivos detrás de la desaparición de personas, las posibles alianzas entre autoridades y criminales, el control territorial y de los mercados que ejercen los cárteles, e incluso los patrones de reclutamiento, entrenamiento y los códigos internos de los miembros de esas organizaciones.

Recurro al ensayo de Lomnitz para enmarcar las preguntas que planteé sobre las acciones del Ejército en Nuevo Laredo, puesto que me temo que buena parte de la participación militar en labores de seguridad pública —incluidas las innumerables violaciones a derechos humanos que cometen— es una gran zona de silencio. La información que tenemos disponible está mediada y filtrada por las propias Fuerzas Armadas y mucho de lo que conocemos son rumores que se recogen en entrevistas o charlas informales con actores locales.

Es cierto que hay algunas filtraciones, como las del grupo Guacamaya, así como investigaciones periodísticas y académicas valiosas al respecto, pero aun así tenemos información muy acotada para responder esas interrogantes. Y lo más preocupante es que el silencio podría expandirse en un contexto de incesante violencia, creciente empoderamiento político de los militares y declive de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).

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