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Gabinete de seguridad da informe sobre Fuerzas Armadas; lo ven como una mañanera

Se reprochó que los funcionarios rechazaron responder preguntas sobre el uso del programa Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos o sobre presuntos conflictos de interés.
mar 30 mayo 2023 06:40 PM
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El gabinete de seguridad presentó datos y cifras de inseguridad y violencia y, también, del desempeño de las Fuerzas Armadas.

El primer ejercicio de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas sobre su participación en tareas de seguridad pública dividió opiniones, pues para Morena fue un hecho “histórico” que cumplió los objetivos, pero para la oposición pareció una conferencia mañanera larga, con muchos datos y fotos, pero sin plan para el regreso del Ejército a sus cuarteles.

Durante casi cinco horas, el gabinete de seguridad se reunió hoy con la Comisión Bicameral que dará seguimiento a que esa participación militar en tareas de seguridad se apegue a la Constitución pero al término, el senador Emilio Álvarez Icaza concluyó “fue un intento de legitimar la militarización”.

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Los funcionarios “consideran que no hay militarización” porque hay civiles; "nos quedaron a deber información sobre cumplimiento de indicadores en materia de derechos humanos, hay más homicidios, desaparecidos y feminicidios que otros sexenios pero se insiste en que la estrategia funciona, y el gran ausente de la discusión fue la Fiscalía General de la República (FGR), detalló Emilio Álvarez.

"Más o menos se pareció a la mañanera”, resumió el legislador, ex ombudsman capitalino.

Ante los diputados y senadores se presentaron los titulares de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de la Marina, Rafael Ojeda Durán, además del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, quienes rindieron el primer informe semestral -noviembre 2022 a mayo 2023- sobre el uso de la fuerza armada en labores de seguridad.

El documento consta de 72 páginas en su versión pública, pero se dio a los legisladores información reservada; el senador Monreal publicó el documento entregado en sus redes.

Con lo presentado y las respuestas que den a preguntas por escrito que enviarán los legisladores, la Comisión elaborará un dictamen que deberá someter a votación del pleno del Senado, en el que se valorará si el Ejército se ha sometido a los controles constitucionales, que establecen que su participación en labores de seguridad debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria.

Al término, cada legislador dio su propio balance: el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal –tres veces diputado y tres veces senador– afirmó que éste fue un hecho “inédito, la primera comparecencia en la historia del pais en donde acuden al Senado mexicano el gabinete de seguridad pública en pleno”.

Monreal, presidente de la Comisión Bicameral, dijo que vio que los funcionarios “tienen estrategia, y tienen información y tienen claridad en los objetivos que persiguen”.

Igual de optimista, el secretario de la comisión, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que se abre una nueva etapa en la relación del Congreso con las fuerzas armadas, pues “los militares rindieron cuentas a la República civil”.

Según el senador del Revolucionario Institucional, quedó claro que faltan resultados en materia de seguridad pública, pero “no se reconoció en ningún momento” que la estrategia tiene fallas, pues “nosotros somos los que tenemos que decir si estamos satisfechos o no”.

A su juicio, las Fuerzas Armadas están conscientes de que realizar tareas de seguridad pública es algo extraordinario y trabajan en “ir estableciendo una ruta para dejar la responsabilidad a autoridades civiles”.

“Hoy es el Ejército, la Armada; ayer fue la Policía Federal, hoy la Guardia Nacional. No sé, en unos años más será la Liga de la Justicia, pero el resultado va a a ser el mismo, si no se forman policías estatales y municipales", recordó.

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Sin embargo el senador de Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, criticó que no se puso en el informe ni se planteó en el encuentro “una estrategia para el retiro” del Ejército de vuelta a los cuarteles, cuando en 2028 termine el plazo de su participación en tareas de seguridad.

Aún así, el panista consideró que fue un buen primer encuentro aunque “el informe es igual al de la Guardia Nacional -rendido hace unas semanas- con las mismas generalidades” y la secretaria de Seguridad hizo “una revoltura de temas”.

Aunque los indicadores recién aprobados el 25 de mayo no fueron incluidos en este primer reporte, el panista dijo que por ahora “no se les puede cargar la mano” pues son muy recientes pero para el futuro se requerirá un informe que los incluya.

Además, tanto el priísta como el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, rechazaron las expresiones que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, emitió al arranque del encuentro, en que responsabilizó al Poder Judicial de que la inseguridad y la impunidad prevalezcan en el país por culpa del Poder Judicial.

“No me pareció a mi correcto que se hiciera, pero eso es responsabilidad del Secretario de Gobernación”, dijo Ramírez Marín.

Álvarez Icaza precisó que ese reproche debió hacerse a la Fiscalía General de la República (FGR), pues está en su responsabilidad investigar los delitos y fincar responsabilidades para presentar los casos a los jueces.

“La gran ausente en esta discusión fue la FGR, hacia allá debió ser el reclamo”,
en cambio en el encuentro se hizo -consideró- un intento de legitimación de por qué es importante la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Dijo que preguntó sobre el uso de Pegasus para espiar periodistas y defensores de derechos humanos, pero la titular de la SSCP atajó que “no había lugar” a ese tipo de preguntas, en tanto que Sandoval, el titular de Sedena, dejó sin respuesta el cuestionamiento sobre presunto conflcito de interés en la compra de su departamento en el Estado de México, ante la intervención de Monreal de “centrarse en el tema”.

Pero el manejo de los recursos públicos y el posible conflicto de interés si es un tema que incide en las tareas que tienen a su cargo, se le planteó.

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