El sector empresarial tradicionalmente ha tratado de ser un actor protagónico en las sucesiones presidenciales, así como a nivel de gubernaturas y en algunas carreras al legislativo federal.
Lamentablemente, los empresarios tienden a pensar que saben de política, cuando en realidad no la entienden y eso frecuentemente los lleva a decisiones equivocadas; y en algunos casos, a decisiones contraproducentes a sus objetivos.
Con la competencia electoral en México, se llegó a una etapa de excesos extralegales en las campañas electorales, acentuada hasta el extremo durante el calderonismo y el peñismo.
Durante esta etapa, que contribuyó significativamente a la llegada del actual Presidente al poder en 2018, el empresariado participó activamente con el panismo y priismo en juegos poco limpios, con recursos altamente cuestionables tanto a nivel federal como estatal.
Los resultados de la participación empresarial no siempre eran los esperados por ellos; y en no pocas ocasiones, fueron traicionados por algún partido o el otro, gracias al poco entendimiento que tenían de la política y de lo que en México llamamos la grilla.
El empresariado se rodeó de asesorías políticas que cobraban bastante bien, aprovechándose de su poco conocimiento electoral; pero la gran mayoría de estos asesores no eran propiamente conocedores de las dinámicas y mecánicas reales de los procesos electorales y políticos.
A través de estas desatinadas asesorías, aquellos empresarios que quisieron entrarle al juego fueron cayendo en los juegos de sus asesores, que en muchos casos únicamente jugaban a reforzar los prejuicios, filias y fobias que ya traían.
Los intentos de participación empresarial fallida en política y elecciones llegaron a su clímax en 2018, siendo orillados por sus asesores a cometer los más grandes errores que hasta el momento habían realizado.
Guiados por gente con poco conocimiento del entorno, y con agendas y fobias propias, el sector empresarial llegó al extremo de sacar costosos desplegados en contra de la candidatura del hoy Presidente, y al exceso impensable de emitir cartas y videos a sus plantillas laborales exhortándolos a votar en su contra por ser contrario a sus intereses personales.
El resultado fue contraproducente. Esta acción impositiva de varios empresarios hizo que muchos de sus empleados, incluso varios que aún no decidían su voto, reaccionaran con enojo y votaran a favor del candidato que aborrecían sus “patrones”.
Lo que nunca entendieron esos empresarios es que su principal obstáculo era la falta de legitimidad social que tenían, incluso dentro de sus propias empresas. Y parece que, a cinco años de distancia, siguen sin entenderlo.
Sorprendidos por la avalancha morenista de 2018, en algunos círculos empresariales se realizaron estudios cualitativos y cuantitativos de opinión, para “entender” qué había pasado y por qué el empresariado no tenía buena reputación.
Estos estudios, aunque cayeron en oídos empresariales sordos, eran reveladores. No solo confirmaron los bajos niveles de reputación del sector empresarial, sino que develaron datos que nunca imaginaron, y que los ponían en una mucho peor posición de la que pensaban.
Por ejemplo, más de dos terceras partes de los encuestados declararon no estar a gusto con sus empleadores, por considerar que sus empleos no eran dignos ni de calidad. Una proporción similar dijo no confiar en las acciones sociales de sus empresas, al considerar que solo eran maneras de evadir impuestos y no un interés real por ayudar.