Estamos ya en la recta final de este sexenio. Menos de 490 días para que se cierre este capítulo que ha significado una agenda pletórica en retrocesos, destrucción, rompimientos y problemas. Y por ello hay que hacer una evaluación de dónde estamos hoy en día y lo que está pasando y apunta a pasar en estos más o menos 16 meses restantes de la administración.
#ColumnaInvitada | ¡Fuera máscaras!
Ya no hay duda. Se confirma la intención de cortar la cabeza a quienes han sido los diques que han frenado algunos de los abusos más importantes desde el gobierno federal.
@JuanFTorresLand
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Lo hemos dicho y lo reiteramos, posibles enmiendas en la conducción del país tristemente no han sido posibles. De hecho, en retrospectiva el gobierno fijó claramente el rumbo desde antes del arranque formal del sexenio con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hubo quienes pensaron que habría mesura y que la figura radical había ya desaparecido para dar paso a alguien con madurez y capacidad de lograr equilibrios. No ha sido así. Se reveló el personaje y no ha cejado en su agenda violenta.
De entrada, el presidente se engolosinó con temas de formas (aparente austeridad), comunicación directa (mañaneras), distractores inútiles (avión presidencial), caprichos personales (obras de infraestructura sin planeación), y ejercicios egocéntricos (giras constantes en regiones muy afines a su retórica). Pero además hizo cosas muy nocivas, sobre todo en temas de salud (destrucción del Seguro Popular), educación (eliminación de la evaluación), seguridad (reemplazo de la policía federal), compras de gobierno (elevar adjudicaciones directas de gobierno por encima del 80%), militarización (entrega de decenas de actividades y trabajo a las fuerzas armadas) y planes de destrucciones institucionales (INE, Cofece, Inegi, CRE, etc.). Quizá el daño más grande de todo el sexenio lo sea la polarización, un método para buscar el enfrentamiento manifiesto entre sectores de la población con el único objetivo de tener rentabilidad electoral inmediata, aunque ello signifique provocar estigmatización y heridas sociales enormes sin mérito alguno. Un sexenio con un legado muy pesado.
Y no obstante lo anterior en la primera mitad de su sexenio pudo haber hecho aún muchos mayores daños si hubiera utilizado su entonces aún existente capital político y bono democrático en que se pudieron haber presentado reformas constitucionales de mayor alcance para lograr su destrucción institucional. Y es que ahora, sin lugar a duda, ya se puso sobre la mesa como sus objetivos deliberados modificar la estructura de los contrapesos constitucionales más importantes como lo son, en concreto, la autonomía, estructura y operatividad del INE y del Poder Judicial (concretamente el proceso de designación de los ministros del máximo tribunal). Ya no hay duda. Se confirma la intención de cortar la cabeza a quienes han sido los diques que han frenado algunos de los abusos más importantes desde el gobierno federal. Se busca no tener nada de controles.
Por ello hay que darnos cuenta de lo que está pasando ahora. En particular en los últimos días y semanas, el presidente ha develado sus verdaderas intenciones para el resto de su sexenio y se resume en lo siguiente: buscar que los electores le den en las elecciones federales de 2024 una mayoría calificada en el Congreso de la Unión para que entonces en el mes de septiembre de 2024, en el último mes de su sexenio (él termina el último día de dicho mes), presente iniciativas de reforma constitucional con las que derribe las estructuras del INE y la Corte. Si eso sucede entraremos de lleno a un régimen autocrático y con gran cercanía a una dictadura de facto.
Mientras sucede lo anterior, el presidente ya se descaró para ir con todo el peso del Poder Ejecutivo y los lacayos del Poder Legislativo contra quienes a él le estorban, concretamente los ocho ministros que hoy han detenido claros abusos de su gobierno por la simple y sencilla razón de no pasar un análisis constitucional. Por ello es crítico entender que esta ofensiva contra los ministros (y particularmente contra la Presidenta de la Corte) nos debería tener con suma preocupación y consternación. No nos perdamos ante lo relevante de lo que está sucediendo. Es una emergencia real y tangible. Arropemos todos a nuestros máximos juzgadores que se están jugando el pellejo por la patria. Son de carne y hueso y requieren nuestro apoyo.
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También en estos momentos sabemos que el presidente ha roto la barrera del respeto a la mínima seguridad jurídica. Si bien es cierto que la ha venido erosionando con eventos como el aeropuerto de Texcoco y la cervecería de Mexicali, ahora vinieron los decretazos. El tema es que ya se hizo real el abuso del poder con ocupaciones temporales y/o expropiaciones sobre la mesa. Agreguemos el que se está dispuesto a usar a las fuerzas armadas para cumplir los caprichos, y que existe un manifiesto acuerdo con la delincuencia organizada para que ellos hagan sus negocios (abrazos) sin molestarlos (no balazos) a cambio de que apoyen decididamente al gobierno, y en tiempos electorales, a los candidatos de Morena. Además, con dignas excepciones, tenemos un empresariado sumiso, callado y tolerante que los hace cómplices de todos estos abusos, aún cuando visiblemente ya están siendo afectados directamente.
Estamos entonces en un momento muy delicado, porque ya sin duda se han disipado las dudas respecto a si hay una vocación democrática remanente en el gobierno actual. No la hay y no la encontraremos jamás. Entonces la única solución posible ante esta encrucijada pasa por lograr que haya una real toma de razón del electorado. Ha llegado el momento de las grandes definiciones y eso pasa por fijar rumbo en las urnas. Es con el uso de las herramientas democráticas que el país va a poder definir el destino oportuno, y ese ejercicio va a iniciar en Coahuila y Estado de México el 4 de junio próximo.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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