La mayoría de votos y la mayoría en un órgano de representación como lo es la Cámara de Diputados o la de Senadores no implican un cheque en blanco para que cobijados en esa mayoría puedan hacer lo que quieran, menos cuando ese quehacer conlleva desconocer la Constitución y las reglas que dan orden y certeza.
#ColumnaInvitada | La SCJN ante la irresponsabilidad legislativa
El Congreso de la Unión ha vuelto algo habitual saltarse las reglas del proceso legislativo para poder aprobar las reformas que le interesan a la mayoría y al gobierno.
@EspinosaSilis
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El Congreso de la Unión ha vuelto algo habitual saltarse las reglas del proceso legislativo para poder aprobar las reformas que le interesan a la mayoría y al gobierno. Cada vez es más común que eviten analizar y discutir en comisiones las propuestas de modificación a las leyes, o que presenten una iniciativa de ley y a las pocas horas esta sea aprobada en el Pleno, el famoso fast track.
Esto ocurrió tanto con la reforma electoral que se aprobó en diciembre del año pasado, como con otras 20 iniciativas que a finales de abril y ante el cierre del proceso ordinario de sesiones tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron en una sesión maratónica que se llevó a cabo en la madrugada y sin seguir las reglas que establecen los artículos 71 y 72 de la Constitución, así como las del reglamento interno del Congreso de la Unión.
Ante la irresponsabilidad de la mayoría que cree que los votos justifican desconocer la Constitución, afortunadamente tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encarga de hacer valer la ley. En un sistema constitucional de derecho como el que vivimos, los abusos de la mayoría en el Congreso encuentran su límite en la justicia constitucional que se hace valer por un tribunal facultado para ello; aquí radica la legitimación de la Corte, que tanto se ha cuestionado en los últimos días.
Ayer, precisamente de eso se trató, nueve ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia declararon inválidas las reformas realizadas por las Cámaras de Diputados y Senadores en diciembre pasado a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que formaban parte del plan B de la Reforma Electoral, las modificaciones a estas leyes daban mayor libertad a los servidores y servidoras públicas para hacer proselitismo electoral desde su cargo de manera abierta y sin que la autoridad electoral los estuviera limitando.
La mayoría en la Corte determinó que la reforma a estas leyes no siguió las reglas constitucionales y legales que regulan el proceso legislativo, principalmente porque no hubo una discusión y análisis suficiente, ya que la mayoría de Morena y sus aliados optaron por el fast track en lugar de cumplir con las etapas y fases a las que están obligados a seguir para modificar cualquier ley.
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Con esto, no solo se echan para atrás la primera parte de la reforma electoral, también se manda un mensaje claro al Congreso, en el sentido de que seguir las reglas, así sean de forma; es importante, tanto que si no lo hacen la reforma se invalida. Las prácticas adoptadas recientemente y que justifican a partir de su mayoría para evitar seguir el proceso legislativo son irresponsables y abusivas, además de inconstitucionales.
¿Ahora qué sigue? En los próximos días seguramente se presentará el proyecto para discutir la validez o no de la segunda parte del plan B de la Reforma Electoral, la cual es muy posible que siga la misma suerte que esta primera.
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Nota del editor:
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