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#ColumnaInvitada | La reforma de la democracia, sin demócratas

La amenaza al sistema electoral y sus instituciones es latente, bien a través de la Constitución o a través de una reforma legal.
jue 01 diciembre 2022 06:00 AM
Mexico holds referendum on whether President Lopez Obrador should continue in office
Una modificación radical, desde el marco constitucional o una reforma legal al vapor, puede generar efectos negativos al sistema democrático que durante años se ha construido, apunta Arturo Espinosa.

Desde el 30 de abril de este año el presidente presentó su propuesta de reforma electoral: suprimir al INE, suprimir a los institutos electorales locales, suprimir a los tribunales electorales locales, remoción anticipada de consejerías y magistraturas del INE y el TEPJF, eliminación del financiamiento ordinario de partidos políticos, eliminación de legisladores de mayoría relativa y voto electrónico, son algunas de las propuestas que buscan cambiar de manera radical el sistema electoral que tenemos hoy en día. Se trata de una propuesta de reforma que en palabras de su proponente busca más democracia.

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A esta iniciativa se sumaron decenas de propuestas de todas las fuerzas políticas con diferentes planteamientos, por lo que en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para la reforma electoral. Este nivel de importancia tiene el tema para el partido en el gobierno. Se trata de balancear a su favor las elecciones mismas, como si de 2018 a la fecha no hubieran tenido suficiente éxito en las canchas electorales.

Para revestir la reforma se hicieron foros y mesas de análisis en todo el país, incluido un parlamento abierto en la Cámara de Diputados en la que desfilamos decenas de ponentes que expusimos pero no fuimos escuchados. Desde entonces ha habido quienes apoyan la propuesta presidencial y quienes no la ven con tan buenos ojos. Incluso se realizaron ya dos manifestaciones ciudadanas de gran magnitud, la primera para defender al INE y la segunda para apoyar a la llamada 4t y la democracia que impulsa.

Esta semana las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, encabezadas por la novedosa comisión de la reforma electoral finalmente emitieron el dictamen que plantea una reforma constitucional. Sin embargo, los puntos que abarca son exactamente los mismos que propuso el presidente desde el 30 de abril de este año.

Desde su presentación, han sido ya siete meses en los que se han invertido ríos de tinta en analizar y estudiar no solo los puntos de la reforma sino las propuestas impulsadas desde la oposición y su posible efecto en la democracia mexicana. Desafortunadamente lo único que no ha habido es apertura para dialogar y construir por parte de quienes buscan más democracia.

Se sabe que el dictamen de las comisiones unidas difícilmente logrará los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados; a pesar de eso, la propuesta fue presentada. En el legislativo el diálogo parlamentario ha sido nulo, la propuesta no tiene el consenso de las diferentes fuerzas políticas e incluso es dudoso que la misma convenga a los partidos aliados a Morena.

Ante lo que parece un inminente rechazo de una nueva reforma constitucional, el presidente anunció la posible presentación de un plan B; esto podría significar que los cambios lleguen por medio de reformas legales para las que Morena no necesita de la oposición.

Sin embargo, será necesario revisar estas modificaciones pues podrían ser contrarias al texto constitucional -y acabar siendo revisadas por una SCJN que parece complaciente con el presidente- o buscar desarticular las autoridades electorales desde otros frentes, como pasó con la CDMX, en donde se acotó la estructura de la autoridad electoral y se eliminaron áreas esenciales para la operación habitual de una elección. No se puede perder de vista que parece que el efecto principal de estos cambios legales son debilitar a la autoridad.

 

En cualquier escenario, la amenaza al sistema electoral y sus instituciones es latente, bien a través de la Constitución o a través de una reforma legal, pues se busca debilitar a la autoridad encargada no solo de organizar las elecciones, sino también de regular a las y los actores políticos y de salvaguardar el Estado de Derecho en los contextos electorales. El afán por aprobar las propuestas del presidente podría ir de la mano con un tratamiento exprés del plan B, incluso si eso significara saltarse una o varias reglas del procedimiento legislativo, o si es como lo anunció el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, esperar hasta el próximo periodo, ya con los tiempos electorales de 2024 encima.

Cualquier postura, una modificación radical desde el marco constitucional o una reforma legal al vapor o de último momento que desbalance a la autoridad electoral, puede generar efectos negativos no solo al marco normativo sino al sistema democrático que durante años se ha construido.

Al final, a la reforma de la democracia le faltan demócratas que busquen construir.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

 
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