A esta iniciativa se sumaron decenas de propuestas de todas las fuerzas políticas con diferentes planteamientos, por lo que en la Cámara de Diputados se creó una comisión especial para la reforma electoral. Este nivel de importancia tiene el tema para el partido en el gobierno. Se trata de balancear a su favor las elecciones mismas, como si de 2018 a la fecha no hubieran tenido suficiente éxito en las canchas electorales.
Para revestir la reforma se hicieron foros y mesas de análisis en todo el país, incluido un parlamento abierto en la Cámara de Diputados en la que desfilamos decenas de ponentes que expusimos pero no fuimos escuchados. Desde entonces ha habido quienes apoyan la propuesta presidencial y quienes no la ven con tan buenos ojos. Incluso se realizaron ya dos manifestaciones ciudadanas de gran magnitud, la primera para defender al INE y la segunda para apoyar a la llamada 4t y la democracia que impulsa.
Esta semana las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, encabezadas por la novedosa comisión de la reforma electoral finalmente emitieron el dictamen que plantea una reforma constitucional. Sin embargo, los puntos que abarca son exactamente los mismos que propuso el presidente desde el 30 de abril de este año.
Desde su presentación, han sido ya siete meses en los que se han invertido ríos de tinta en analizar y estudiar no solo los puntos de la reforma sino las propuestas impulsadas desde la oposición y su posible efecto en la democracia mexicana. Desafortunadamente lo único que no ha habido es apertura para dialogar y construir por parte de quienes buscan más democracia.
Se sabe que el dictamen de las comisiones unidas difícilmente logrará los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados; a pesar de eso, la propuesta fue presentada. En el legislativo el diálogo parlamentario ha sido nulo, la propuesta no tiene el consenso de las diferentes fuerzas políticas e incluso es dudoso que la misma convenga a los partidos aliados a Morena.
Ante lo que parece un inminente rechazo de una nueva reforma constitucional, el presidente anunció la posible presentación de un plan B; esto podría significar que los cambios lleguen por medio de reformas legales para las que Morena no necesita de la oposición.
Sin embargo, será necesario revisar estas modificaciones pues podrían ser contrarias al texto constitucional -y acabar siendo revisadas por una SCJN que parece complaciente con el presidente- o buscar desarticular las autoridades electorales desde otros frentes, como pasó con la CDMX, en donde se acotó la estructura de la autoridad electoral y se eliminaron áreas esenciales para la operación habitual de una elección. No se puede perder de vista que parece que el efecto principal de estos cambios legales son debilitar a la autoridad.
