1. Ataque a las instituciones y a las reglas democráticas. Se ha vuelto cotidiano que desde diferentes sectores del gobierno todos los días se ataquen a diferentes instituciones que son autónomas y generan contrapeso.
El INE ha sido una de las que más ataques ha sufrido, pero hay otras que no se han librado - la SCJN, el TEPJF, la UNAM, el CIDE o la CRE, por mencionar algunas – a veces los ataques han sido frontales y directos, otras más velados o indirectos, pero en general cualquier institución que represente un límite o contrapeso al poder del Ejecutivo o de la mayoría se ha buscado disminuir, confrontar y debilitar.
El constante enfrentamiento y confrontación así como la frecuencia y virulencia de algunos ataques o declaraciones en contra de su trabajo, su autonomía e independencia representa un riesgo, pues en el fondo implica que se buscan borrar los límites que tiene el poder.
2. Ataque a la libertad de prensa y de expresión – La política de los otros datos. Desde el inicio del sexenio ha habido tensión y confortación entre el gobierno y los medios de comunicación. Las descalificaciones hacía la prensa crítica y el periodismo de investigación son cuestiones de todos los días. La política de “los otros datos” no parece contribuir a que exista una relación sana entre gobierno, prensa y oposición. A esto se suma la violencia contra de periodistas.
En una democracia la libertad de prensa y de expresión son fundamentales, pues no solo implica la tolerancia a la diferencia de opiniones, sino también funge como un control adicional al ejercicio del poder, por ello los ataques y las descalificaciones que vemos son riesgosas pues implica restarle credibilidad e incluso desmantelar a uno de los poderes fácticos que representa uno de los contrapesos más importantes a los abusos de la función de gobierno.
3. Ataque y debilitamiento de la oposición. El desacuerdo es parte de la política, pero la pregunta es ¿cómo se está en desacuerdo? Hasta ahora hemos visto que a la oposición se le busca cooptar a través de cargos públicos y si no se puede se le extorsiona, persigue judicialmente o descalifica a través del discurso de odio.
A lo mejor esto se podría entender como que se encuentra en los límites de la lucha política por el poder e incluso algunos la podrían justificar, lo cierto es que estamos ante una práctica que puede volverse peligrosa, sobre todo si se sigue usando el poder para perseguir, extorsionar y encarcelar opositores, pues ahí se están rechazando valores democráticos esenciales como el pluralismo, la tolerancia o el dialogo respetuoso, sumado a que se está desmantelando a quienes son el contrapeso político, la oposición.
