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La Suprema Corte invalida la primera parte del "Plan B" de la reforma electoral

Nueve ministros votaron a favor del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán en el que se propuso anular la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral; sólo dos ministras se opusieron.
lun 08 mayo 2023 02:19 PM
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Los ministros de la Corte emitieron su voto por la primera parte del Plan B de la reforma electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sumó nueve de los once votos de los ministros para anular la totalidad de la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, por considerar que sí existieron “claras violaciones” al proceso legislativo.

Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, presentó su proyecto en el que argumentó que en la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.

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Esto es, que el Congreso se “saltó” un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática.

“Estoy con el sentido del proyecto”, anunció la ministra Margarita Ríos Farjat, al abrir la ronda de discusión del Pleno.

Tras la presentación del proyecto, la ministra Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del mismo, al destacar que “esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

“Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, acotó.

Enseguida, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca razonó: “Coincido con la propuesta”, dado que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales.

Aclaró que en la Corte “estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo”.

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El ministro Luis María Aguilar Morales, también se pronunció por la invalidez del llamado “Plan B”, porque se actualizan diversas violaciones al proceso legislativo al vulnerar los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso.

“Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado porque se cuentan acreditadas múltiples irregularidades al procedimiento legislativo”, anotó.

El ministro Arturo Zaldívar reconoció que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera terminante la deliberación de las normas que se están presentando.

“En el caso concreto que estamos analizando me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron gravemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, argumentó.

Su par, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del sentido del proyecto, decir, por la propuesta de invalidez.

Aclaró que “no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce”, por lo que es evidente de que los legisladores no tuvieron tiempo para familiarizarse con la misma, ni menos aún para formarse una opinión informada que les permita participar en la deliberación parlamentaria.

“En consecuencia, al encontrar que en el procedimiento legislativo se constataron dos vicios con un efecto invalidante, mi voto será por la propuesta de invalidez”, expuso.

El ministro Jorge Pardo coincidió que los legisladores no conocían lo que se estaba sometiendo a votación: “Comparto el sentido del proyecto, separándome de consideraciones”.

Adicionalmente, el ministro Javier Laynez Potisek y la ministra presidenta Norma Piña también se sumaron al proyecto.

El ministro Javier Láynez Potisek dijo que es un derecho de los parlamentarios conocer qué están votando y poder expresar su opinión. En tal sentido, manifestó “estoy a favor del proyecto”.

La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña destacó “estoy con el sentido del proyecto”. Destacó que nuestro país es una democracia constitucional y uno de sus principios fundamentales es que las decisiones se tomen mediante procedimientos democráticos de tipo deliberativo.

En contra del mismo, sólo se pronunciaron las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

La ministra Yasmín Esquivel dijo que no hay la suma de infracciones que señala el proyecto:

"Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de las demás plenas planteados de las demandas”, anotó Esquivel Mossa, quien también destacó que “es de particular importancia adentrarnos al análisis constitucional de las normas reformadas y no quedarnos en una simple invalidez de procedimiento legislativo”.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz también rechazó invalidar la totalidad de la primera parte del Plan B.

Observó que los cambios hechos a las reformas “fueron mínimos”, por lo que no se puede argumentar, por parte de los legisladores, que no hubo certeza de qué es lo que se estaba votando.

Tras la argumentación de los votos, se procedió a dar votación con lo que se confirmó nueve votos a favor del proyecto; con ello, se invalidan, entre otras, las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social que entraron en vigor el 28 de diciembre que buscaban modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, en el sentido de poder difundir propaganda y hacer política, con miras a las elecciones de 2024 .

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¿Qué expone el proyecto a debate?

En lo expuesto en el proyecto, Pérez Dayán expone que el Congreso se “saltó” un procedimiento legislativo ordinario, con lo que se transgredió el principio de deliberación democrática.

Y es que Morena y sus aliados en el Congreso PT y Partido Verde aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que, se analiza en el proyecto del ministro, violó los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.

“La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, indica el proyecto de Pérez Dayán.

La discusión del proyecto se da luego de la respuesta de la Corte a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en el sentido de que no es factible atender su solicitud, respecto de resolver las impugnaciones presentadas en 2018 contra de la Ley General de Comunicación Social, antes de pronunciarse sobre el llamado “Plan B” de la reforma electoral aprobado en 2022.

Además, del nuevo pronunciamiento que hizo la referida Consejería Jurídica a la Corte, en el que advierte que, de aprobarse el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, el alto tribunal estaría sustituyendo al Congreso.

Las impugnaciones fueron presentadas por partidos políticos, diputados y senadores. Para declarar la invalidez de la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral, el proyecto requiere de ocho de los once votos de los ministros.

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