En los cargos de elección popular, el servicio público y casi en cualquier posición que implique ejercer poder, una de las tendencias naturales más destacadas es la constante y permanente tentación de expandir ese poder, tanto en cuanto a alcance como en tiempo, es el canto de las sirenas. La diferencia es que algunos desoyen ese tentador llamado y otros se dejan vencer por la tentación de empoderarse.
#ColumnaInvitada | El canto de las sirenas
Por eso, llama la atención que un gobernante electo popularmente decida no buscar la reelección, pues tácitamente está renunciando a continuar ejerciendo el poder. Este fue el caso de Jacinda Arden, primera ministra de Nueva Zelanda, quien a pesar de ser muy joven y tener una amplia aceptación decidió no buscar la reelección, aunque no siempre es lo cotidiano.
En el lado contrario están varios gobernantes que han hecho cualquier cantidad de malabares para permanecer en el poder, para encontrar este tipo de casos no tenemos que ir tan lejos, pues en América Latina tenemos una baraja amplia de ejemplos; los que llevan décadas como los Castro en Cuba, quienes posteriormente impusieron a Díaz Canel, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, y los que han tenido éxitos momentáneos pero que al final terminaron dejando el poder más a la fuerza que por gusto, como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
Una de las características esenciales de las elecciones es que estas sean paródicas y que la periodicidad esté perfectamente determinada en la ley. Recordemos que, al principio del sexenio, en 2019 uno de los temas del que más se habló fue el intento del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, de ampliar el periodo de su gubernatura de dos a cinco años. En una de las decisiones que se ha emitido con mayor contundencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este intento de modificar la legislación no solo era inconstitucional, sino que además constituía una violación grave al sistema democrático.
La semana pasada el Tribunal Electoral (TEPJF) resolvió qué la determinación del Congreso Nacional de Morena de ampliar el periodo por el cual fue electa la actual dirigencia por un año más era legal. En los próximos días el mismo Tribunal tendrá que resolver un asunto similar pero ahora respecto del PRI.
Aunque quienes ocupan las dirigencias de los partidos no son servidores(as) públicos, sí se eligen por algún mecanismo democrático que se prevé en los estatutos de los partidos y los periodos de duración de las dirigencias también están definidos en los propios estatutos. En todos los partidos la renovación de la dirigencia es periódica, no hacerlo así es considerado contrario a los principios democráticos, como en su momento se dijo respecto del PT y el Verde, que buscaron imponer dirigencias permanentes. Al parecer estos antecedentes no fueron suficientes, pues el canto de las sirenas que tan peligroso es para nuestros gobernantes, sí puede ser escuchado por las dirigencias partidistas, al menos así se validó en el TEPJF.
Lo grave del asunto es que una vez más las dirigencias partidistas convalidadas por la autoridad jurisdiccional electoral toman una determinación que aleja a los partidos políticos de la ciudadanía, optan por ampliar su poder al interior del partido, en lugar de privilegiar las reglas democráticas. Desde luego lo que está en juego es mucho, no en vano vino el intento de reforma al Tribunal Electoral, pues el ejercicio del poder para estas dirigencias implica la toma de decisiones sobre las coaliciones, candidaturas y financiamiento público en las elecciones 2024, entre otros.
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