Los esfuerzos que se desarrollan en todo el mundo por el fortalecimiento, promoción, restitución de sus legítimos derechos y la denuncia por la inaceptable situación en que viven millones de mujeres en el mundo, configuran una situación más que pertinente para reflexionar sobre la situación de la movilidad migratoria femenina.
#ColumnaInvitada | La mujer migrante en el mundo
Este grupo compone casi el 50% de los casi 280 millones de migrantes en el sistema de naciones; son casi la mitad de los 20 millones de refugiados. En esta movilidad, se estima que entre 24 y hasta 80% de las mujeres sufren algún grado de violencia sexual en su desplazamiento.
Las mujeres que han emigrado desde México componen más de 6 millones de personas y en el caso de las inmigradas mexicanas en Estados Unidos, integran el 48% de este colectivo (5.7 millones); casi una cuarta parte de mujeres aseguradas en el tránsito por México son mujeres y más de un tercio del aseguramiento de adolescentes no acompañados corresponde a mujeres.
Sobre este fenómeno, el diagnóstico es más que sabido. Su expulsión obedece a razones tan variadas como: a) violencia intrafamiliar; b) explotación laboral; c) semi esclavitud; d) asesinatos y reclutamiento por parte de grupos del crimen organizado (maras) y graves problemas de acceso a la alimentación, empleo decente, vivienda digna, entre otros muchos.
Sabiendo que la enfermedad del cuerpo social tiene como síntoma a la migración masiva de migrantes en lo general, y de las mujeres en lo particular, hay un hecho incontrovertible: los estados en el sistema global no pueden, no quieren o han declinado en su esfuerzo por mejorar las condiciones de sus regiones de origen, tránsito, recepción o retorno.
Cada año se anuncian reuniones, convenciones, se firman documentos, se aceptan compromisos pero la validez y la obligatoriedad por su cumplimiento queda determinado por la voluntad política, por las conveniencias político-electorales; por las ventajas geo estratégicas e incluso por la rentabilidad económica de naciones que han aprovechado su posición geográfica para usar a los y las mujeres migrantes como chantaje hacia naciones o grupos de países que desean alejar el problema migratorio de sus fronteras para endilgárselo a sus vecinos.
No debemos olvidar que solo en América Latina y el Caribe, el crimen organizado obtiene ganancias por arriba de los 7,000 millones de dólares al año por el tráfico de personas (casi 150,000 millones de pesos) de los cuales la mitad son producto del tráfico de mujeres.
Recordar, exigir, presionar por el diseño de mejores situaciones de desarrollo, de mejores condiciones de acceso a la justicia, de mayor y mejor protección a las niñas y adolescentes migrantes no acompañadas; del colectivo LGTB e invocar una nueva narrativa que vincule a la movilidad migratoria con mejores perspectivas de los países en todo el circuito migratorio, es apenas un comienzo en el largo camino para mejorar las condiciones de las mujeres en el escenario global, y de las mujeres migrantes en lo particular.
Nota del editor: Javier Urbano Reyes es Profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA); académico de la Maestría en Estudios sobre Migración (MEM) del DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.