El gobierno de Estados Unidos ha anunciado lo que define como nuevo procedimiento que, dice, gestionará el movimiento migratorio a su territorio de forma “ordenada, segura y humana”; de la misma forma, afirma que dicho plan ampliará y acelerará la vía legal para la inmigración, al mismo tiempo que reducirá el ingreso de quienes ingresen en forma indocumentada. Toda una manifestación de internaciones que nada tiene que ver con las necesidades de un fenómeno masivo como el que se desarrolla en la frontera con México.
#ColumnaInvitada | Diálogo migratorio México-EU, más lejos de la realidad
Lo único que podemos reconocer es que la única sincronía entre ambos países es la política de contención, represión y diferimiento.
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Al contrastar los números sale a flote la realidad: la administración Biden anunció que permitirá el ingreso a su territorio de hasta 30,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Dicha cuota se limitará a quienes tengan un patrocinador, que hayan superado una investigación relacionada con sus antecedentes, que prueben estar vacunados contra el COVID (lo que vincula a la norma el Título 42), lo que finalmente le permitirá vivir y trabajar en la Unión Americana por dos años. Pasado ese tiempo, la incertidumbre es absoluta pues se trata de una solución transitoria dado que no se habla de la concesión de la residencia ni menos de la nacionalidad.
La cifra, amén de las dificultades para cubrir los requisitos, corresponde a una cifra simbólica si lo comparamos con la cantidad de ingresos irregulares a Estados Unidos. Desde 2020 en que inició la operación del Título 42, se ha rechazado a más de 2.4 millones de personas, quienes se han visto impedidas para solicitar el refugio y solo en el año fiscal que corresponde a 2022 fueron devueltos a México cerca de 960,000 personas, la mayor parte originarios de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y lo relevante es que, de dicha cantidad, solo 10,000 correspondieron a nacionales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En otras palabras, se atiende a un universo que, por supuesto tiene todo el derecho a la protección internacional, pero deja de lado al universo mayoritario de potenciales solicitantes de asilo.
Ahora bien, una de las cuestiones más preocupantes de esta iniciativa es la grave carga que debe soportar la sociedad civil que protege a estas poblaciones: la devolución de una creciente cantidad de poblaciones a México se realiza en una situación de graves rezagos, inoperancia y problemas de capacidad de las autoridades fronterizas, cuyos impactos deben paliar las organizaciones de protección, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Adicionalmente, las denominadas ONG’s deben lidiar con el crimen organizado, uno de los actores más relevantes en el escenario, pues son los que llenan los vacíos dejados por una política pública deficiente y por las limitaciones de todo tipo de la sociedad civil.
Un problema adicional, es el encapsulamiento de las poblaciones migrantes. No solo la sociedad civil enfrenta a los gobiernos inoperantes o corruptos o al crimen organizado. También debe actuar en una situación en que los migrantes esperan en la frontera norte un requerimiento de un juez en Estados Unidos que quizá nunca llegue; al mismo tiempo, poblaciones migratorias se encuentran en camino hacia la frontera a la espera de poder ingresar formal o 'indocumentadamente' a Estados Unidos y, en tercer lugar, varios miles de migrantes están literalmente secuestrados en la frontera sur de México a la espera de recibir un documento que les permita atravesar el país para, de la misma forma, llegar a la frontera norte.
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Sin planes claros de protección, atención, con severas limitaciones de infraestructura de los gobiernos locales, con graves retos en materia sanitaria, educativa, de empleo, lo único que podemos reconocer es que la única sincronía entre México y Estados Unidos es la política de contención, represión y diferimiento. La realidad es que estas personas necesitan planes para el ingreso de los niños a la escuela, de empleo, así sea temporal, para quienes están a la espera de una llamada desde la Unión Americana; planes de protección ante la ola creciente de agresiones contra mujeres que están expuestas a los criminales dedicados a la trata y el tráfico, entre otros muchos retos.
Esta se realizará una reunión entre el presidente de México y el de Estados Unidos, evento en el que, dice el gobierno mexicano, se dialogará sobre diversos temas, entre los que destaca la migración. Sin embargo, el supuesto diálogo, a la luz del anuncio del presidente Biden, ya está cerrado y solo cabría esperar declaraciones políticas de buenas intenciones, mientras la realidad está por otro lado, una realidad a la cual no pueden o no quieren conectarse estos mandatarios.
Nota del editor: Javier Urbano Reyes es Profesor e investigador del Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA); académico de la Maestría en Estudios sobre Migración (MEM) del DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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