Son ocho años de haber escuchado un sin fin de historias distintas. Donde se conjugó el apetito político, electoral y la búsqueda de impunidad. Promesas de campaña, donde el actual Ejecutivo prometía que en un año se resolvería el caso que ha fustigado al país, a nivel internacional. Hoy no se sabe fidedignamente quiénes participaron directa o indirectamente en el macro-asesinato.
Leer el artículo de opinión de la periodista Peniley Ramírez, en el periódico Reforma, causa indignación, combinada con dolor y temor. El reporte que le “filtraron” es tan crudo y detallado que abre de nuevo la herida, que nos hace reflexionar en la inmensa maldad con la que pueden actuar aquellos que ostentan alguna pizca de poder.
Todos los personajes mencionados tienen una participación demoniaca. En el Informe se relata la participación directa de los policías y el presidente municipal de Iguala José Luis Abarca con los grupos criminales de la zona –que incluso son antagónicos-, las autoridades federales y algunos mandos militares, quienes se encargaron de esconder los cuerpos terriblemente torturados.
No fue la “verdad histórica” que contó al país entero, el exprocurador –hoy preso- Jesús Murillo Karam. No hubo bolsas con cenizas, ni una hoguera que disipó los cuerpos de los muchachos. La matanza fue brutal.
El contenido del documento ha horrorizado al país. No puedo imaginar el sufrimiento de los padres, que han recorrido miles de kilómetros y ahogado sus gargantas durante tantos años, para conocer una verdad tan incómoda y lastimosa.
Ellos, víctimas de la manipulación de datos; utilizados como bandera política; esperanzados una y otra vez, con mentiras y falsas investigaciones. Que tuvieron que conocer a través de una columna política cómo terminaron con la vida de sus amados hijos.
Casi inmediatamente después de que el informe fuera publicado, se viralizó en redes sociales, ahí mismo fue la primera respuesta del gobierno de la llamada 4T, a través del subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, quien en un talante enérgico exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que iniciara una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” de información del informe del Caso Ayotzinapa.
¿Él ya sabía de todo este informe y no lo había manifestado a los familiares de los estudiantes? ¿Había intención de seguir callando los resultados de la investigación a fin de que no hicieran daño políticamente al debate de la militarización que se pretende ejercer y se votará próximamente en el Senado de la República? ¿Por qué el enfado y la afrenta contra la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero? ¿Quién difundió el informe y para qué?
