El debate sobre la militarización está entrampado. Y no es por falta de argumentos, es por falta de condiciones propicias para plantearlos, para ponderarlos con seriedad y tomar decisiones en consecuencia.
Hay muchas preguntas, cifras, ideas, aprendizajes y diagnósticos. Lo que no hay son ganas de escucharlos ni de asumir responsabilidades. La militarización, sin embargo, avanza. No a pesar sino precisamente gracias a que no hay discusión al respecto.
Reconozcámoslo, muchas inercias favorecen ese proceso. Ya sean la confianza que le inspira a la ciudadanía el Ejército, el miedo que inspiran la tremenda capacidad de fuego de las organizaciones criminales o su creciente implante territorial, la polarización que todo devora, la inmutable popularidad del presidente, la flaqueza de las oposiciones, la negligencia de los gobernadores, la corrupción de las policías o la fatiga mediática con la violencia. Todo, al final, desemboca en lo mismo: más y más militares.
No importa que los resultados, por decir lo menos, dejen mucho que desear. Tampoco que tanta evidencia acumulada a lo largo de los años indique que así no se ha resuelto ni se resolverá el problema. Es lo que hay, es lo que se puede, no hay espacio ni voluntad para admitir que la militarización ha fracasado, que es indispensable buscar alternativas e intentar otra cosa.
Entre la desesperación y la debilidad, termina imponiéndose el disparate: llevamos 15 años metiéndonos en este hoyo y ahora resulta que la única solución que nos queda es seguir cavando.
Renunciar a la simulación de que la Guardia Nacional tenía un mando civil o prolongar el tiempo para que las fuerzas armadas sigan desempeñando labores de seguridad pública no contribuye, en absolutamente nada, a mejorar las cosas. Saca al presidente de un apuro, le quita presiones al Ejército, pero no soluciona ninguna de las dificultades concretas que se acumulan sobre el terreno. Es una señal de que este gobierno, al igual que los anteriores, también ha fracasado.
Más allá de los indicadores y las noticias, que poca mella hacen en la intransigencia que caracteriza al inquilino de Palacio Nacional, también lo señalan una y otra vez las encuestas. La mayoría aprueba a la figura del presidente, quien no desperdicia ocasión para presumirlo, pero también reprueba la gestión de su gobierno en materia de seguridad.
No hay otro rubro en el que el veredicto demoscópico sea tan claro y contundente. López Obrador dice que ya están “domando” la inseguridad, pero en su vida cotidiana mexicanos y mexicanas tienen otros datos.
Se entiende que el fenómeno ha cambiado, que ya no estamos en 2006 o 2009 o en 2015, que las organizaciones criminales ya no son lo que eran, que se han diversificado y, sobre todo, que la violencia no es una sino muchas violencias, cada una con sus complejidades económicas, culturales, sociales, territoriales o políticas. Se entiende que la gobernanza criminal esté más extendida y consolidada que nunca. Es más, se entiende incluso que en el corto y mediano plazo es inviable devolver la tropa a los cuarteles.
Lo que no se entiende es que justo en un momento así, cuando lo que se necesita es más regulación, más escrutinio, más evaluación, más transparencia y más rendición de cuentas, por lo que se opte sea justo por lo contrario: menos restricciones, menos monitoreo, menos limitantes, menos exigencia, menos procedimientos y plazos que cumplir. Salvo, claro, que la racionalidad no sea buscar soluciones sino afianzar control.
Antes, al menos, había una promesa, una expectativa, un compromiso de que el recurso a las fuerzas armadas era una medida excepcional, de que eventualmente contaríamos con un sistema de justicia y policías que pudieran hacerse cargo. Había, en suma, un horizonte post-militarización. Hoy eso ya no existe. La apuesta es única y definitiva, no hay plan B. Todo, insisto, conspira a favor de la inercia: militarización hoy, militarización mañana, militarización siempre.
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