Ya sea con el exitoso programa matutino “Yo tengo otro datos” o “miento como respiro”, en el que más que certezas y soluciones se ofrecen quejas y pretextos; o por el talk show favorito de la llamada 4T, el Martes del Jaguar. Ahora, la llamada 4T nos ofrece un típico chivo expiatorio sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Resulta que para el gobierno y su fiscalía, ¡ah, no, perdón! es autónoma, el principal responsable de la trágica desaparición de los 43 estudiantes es el hombre que, en el sexenio pasado, asumió la responsabilidad de encontrarlos y esclarecer los hechos.
De mínimo es algo cuestionable, más aún cuando el nuevo informe “no ha podido tirar la verdad histórica”, como el propio Murillo Karam señaló el miércoles en su audiencia ante el juez.
Además, la llamada 4T dejó libre a los verdaderos responsables. Y cómo olvidarnos de que los Abarca fueron candidatos gracias a ‘ya saben quién’.
Claro que esta justicia selectiva no debe extrañarnos.
Y es que no es la primera vez que las carpetas de investigación de la llamada 4T son endebles, ni que la fiscalía quiera dar gato por liebre.
Lo ha hecho con otros personajes del gobierno pasado a quienes ha acusado sin suficientes pruebas. Ahora, en el caso Murillo Karam, se ve complicado que los delitos de “desaparición forzada”, “tortura” y “contra la administración de justicia” se puedan comprobar, por lo que, más que justicia parece una justificación para justificar la falta de una nueva versión de los hechos.
Navaja de dos filos
Lo único que hay que decirle a la 4T es cuidado, porque este montaje mediático puede terminar siendo un lastre más de los muchos que acumula este gobierno. Y si no les sale como ellos quieren (todo apunta a eso y me remito a la evidencia), puede terminar en absurdas acusaciones sin respaldo.
El gobierno es víctima de su propio laberinto y ahora, sin pruebas claras, pretende dejar en prisión a un hombre mayor. Todo en un momento, además, en que la prisión preventiva está siendo fuertemente cuestionada y que ha sido incluso definida como violatoria de la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Ya los vimos en el caso de Rosario Robles, en donde después de tres años quedó demostrado que su detención fue arbitraria y violatoria del debido proceso.
Si eso pasa con figuras tan destacadas, ¿qué le espera al resto de los mexicanos? Todo parece que, para la transformación, todos somos culpables hasta que un juez diga lo contrario. Y vale más la palabra de un delincuente confeso que la de un ciudadano con derechos.