Como siempre, los partidos políticos y sus actores constantemente están buscando la manera de burlar estas reglas. Se sabe que el financiamiento paralelo que recibe la política es constante y que en su mayoría proviene de fuentes ilícitas, tales como recursos públicos, del extranjero e incluso del crimen organizado o sector empresarial. Lo que hace tan difícil el control de este flujo de dinero es que casi siempre se hace en efectivo.
En la historia reciente se han dado importantes casos en los que se investiga sobre el uso de recursos ilícitos en la política. Los más destacados han sido 'Pemexgate' y 'Amigos de Fox', en los cuales, tras las elecciones presidenciales de 2000, el entonces IFE llevó a cabo investigaciones exhaustivas a fin de detectar el uso de recursos públicos en la campaña del PRI, en el primero caso, y la financiación paralela de la campaña del PAN con recursos provenientes del extranjero, en el segundo caso. Estas conductas ameritaron sanciones millonarias para ambas fuerzas políticas.
También han habido otros casos como son 'Monexgate', derivado de las elecciones de 2012 y el del Fideicomiso “Por los demás”, creado por Morena a partir del sismo de 2017. Sin embargo, en estos casos, a pesar de las irregularidades detectadas, las autoridades electorales – administrativa y jurisdiccional – han concluido que no hubo faltas a la legislación electoral.
Desde hace poco más de dos años estamos ante otro caso que podría ser de la relevancia de los de 'Pemexgate' y 'Amigos de Fox', pues a través de videos se dio a conocer públicamente que el hermano del presidente recibió dinero en efectivo destinado a la actividad política y proselitista de su partido político, esto generó diferentes tipos de denuncias, tanto en la vía penal como en la administrativa electoral.
Sin embargo, a través de diferentes recursos legales, Pío López Obrador -a pesar de reconocer que sí recibió dinero y que se destinó al “movimiento transformador del país”- ha buscado frenar cualquier tipo de investigación en su contra. Primero acudió a la justicia electoral para evitar que el INE iniciara un procedimiento en materia de fiscalización en el que se investigara el origen y destino de esos recursos, al no tener éxito, también buscó ampararse respecto de los procesos penales.
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A pesar de las denuncias, las investigaciones – en lo electoral y lo penal – no han avanzado, la Fiscalía General de la República se ha negado a colaborar con el INE y tampoco ha dado a conocer los hallazgos en la propia. Lo importante de que se indague es conocer de dónde vienen los recursos y cuál fue su destino, pues esto es lo que va a configurar las conductas ilícitas, y es ahí donde claramente no se ha permitido avance alguno.
