Era la noche del 20 de agosto y la noticia la daba Carlos Loret de Mola, hoy uno de los periodistas más críticos del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”. Las escenas que se veían en los noticiarios se desarrollaban en un restaurante y en su departamento de Tuxtla Gutiérrez. Justo en ese sitio él y su esposa veían por primera vez las grabaciones.
“Estoy absolutamente seguro y cierto que jamás he cometido un delito. Es más una falta, pero no un delito”, asegura Pío López Obrador desde Palanque, Chiapas, donde, al igual que su hermano, tiene una finca heredada por su padres donde hay árboles maderables y cultiva cacao.
A punto de cumplir dos años de la difusión de los videos que generaron más de 200 denuncias ante la Fiscalía General de República (FGR) —incluidas, al menos, las del PAN y PRD— , Pío López Obrador accede a hablar con Expansión Política algo de los hechos y lo hace con un amparo en mano concedido el pasado jueves por el juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena, que ordena a la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra en un plazo de tres días hábiles. El límite de ese plazo, si se notificó conforme a la ley, termina este martes.
