La democracia no se reduce a las actividades electorales. La democracia implica el respeto que las mayorías deben a las minorías y a los sectores vulnerables de la sociedad.
En los últimos años se ha agudizado la necesidad de brindar apoyo y protección a las personas que, por su profesión o por las actividades que realizan, se encuentran en situación de riesgo. El Estado debe garantizar la integridad de las personas que están expuestas a amenazas o agresiones por la índole de su trabajo.
Específicamente nos referimos a las personas que se desempeñan como periodistas o como defensores de los derechos humanos. La labor que realizan estos últimos representan sin duda un elemento esencial para el desarrollo de la democracia, ya que a través de su labor buscan el reconocimiento de los derechos, el respeto al Estado de Derecho y el funcionamiento efectivo de las instituciones.
Corresponde al Estado la responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos de las agresiones que puedan sufrir, ya que es un deber fundamental de todo Estado salvaguardar los derechos humanos de sus ciudadanos.
Debemos recordar que tan sólo en el año de 2021 fueron asesinados en México 25 defensores de los derechos humanos (dos asesinatos al mes), lo que pone en evidencia el grado de peligrosidad que en nuestro país viven estos defensores.
Por lo anterior, cobra relevancia la suspensión provisional otorgada a una activista, acompañada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, para que las autoridades garanticen la efectividad del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
El pasado 10 de junio, un juez federal en materia administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite un amparo en contra de la omisión de las autoridades que integran el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de brindar protección oportuna frente al inminente peligro que corre a consecuencia de las actividades que realiza la activista ‘promovente’, así como la grave omisión de establecer una política pública aplicable para todas las autoridades -de todos los niveles de gobierno- de protección a defensores de los derechos humanos que permita crear conciencia respecto de la importancia de su actividad.
La persona que promovió el amparo ha participado desde 2016 como activista y defensora de los derechos humanos en la región de Quintana Roo. Su actividad se ha caracterizado por la lucha del reconocimiento y libre ejercicio de los derechos de las mujeres, la defensa de los habitantes de la región, el acercamiento de los derechos a grupos y comunidades indígenas y por la defensa del medio ambiente y la preservación de la ecología de la zona.
Como defensora de los derechos humanos se ha manifestado en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, por el daño irreparable que se está haciendo a la región.
Debido a estas actividades, el gobierno a través de los medios de comunicación afines y de las conferencias matutinas del presidente, comenzó a denigrar a las personas opuestas a dicho proyecto, llegando a calificarlas de seudoambientalistas. A partir de esto, aumentaron las agresiones y hostigamientos a la activista que se viene refiriendo, sobre todo a través de las redes sociales.
Por este motivo la activista reclama al gobierno la omisión de brindarle la protección a la cual tiene derecho como parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, frente al peligro al que está expuesta.
Es urgente que las autoridades responsables reconozcan la pertenencia de la activista al mecanismo de protección, que revalúen el estado actual de su situación y que emitan nuevas medidas de protección.
Las autoridades hasta ahora se han mostrado omisas en cumplir su labor de protección. En otros muy lamentables casos se ha visto que es la omisión en sus tareas de protección la que ha derivado en la vulnerabilidad de las personas que el Estado debía proteger, con funestas consecuencias.
El Consejo Nacional de Litigio Estratégico ha acompañado este caso porque reconoce la importancia de las labores de los activistas, ya que impide acciones arbitrarias del gobierno, como lo es en este caso la pretendida construcción del Tramo 5 del Tren Maya, a pesar de la fuerte oposición de los activistas y defensores de los derechos humanos y la ecología de la región.
Celebramos la suspensión otorgada por un juez para que reconozca el derecho que tiene esta activista de gozar de la protección del Estado una vez que el peligro de una agresión ha aumentado a raíz de que el presidente promovió su desprestigio a través de sus conferencias de prensa matutinas.
El Estado debe amparar y proteger a los defensores de los derechos humanos y dejar de agredirlos verbalmente. Hacer que el Mecanismo de protección opere eficazmente. Al defender a los activistas de los derechos humanos, se está defendiendo a la democracia.
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El autor es Presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
