La llamada cuarta transformación ha consistido sobre todo en un uso intensivo de la propaganda. Grandes promesas de campaña incumplidas. Proyectos ilusorios de transformación nacional. Se acabaría con la corrupción y la pobreza, nuestro sistema de salud sería como el de Dinamarca y regresarían los soldados a sus cuarteles. Gobernar, sostenía el presidente al comienzo de su administración, no tiene mayor ciencia. Hoy los mexicanos resentimos la falta de preparación y de visión del presidente.
El deterioro de los hospitales públicos es palpable y el COVID todavía no termina. La economía no levanta, lastrada como está por la inflación. Las masacres, las extorsiones y los cobros de piso se extienden por todo el territorio nacional. La ONU ha solicitado a México que desaparezca la presencia militar en la seguridad pública. El gobierno está empantanado en sus promesas.
Traspasado el límite de la mitad de su gobierno, el gobierno debería con realismo redefinir sus metas. ¿En verdad su vocación profunda es la ayuda a los más necesitados? Recientemente el Coneval informó que la población en condición de pobreza laboral (ingresos menores al costo de la canasta básica) en el último trimestre del 2021 fue del 40.3%, un porcentaje mayor al registrado antes de la pandemia (38.9%). Muchas personas recuperaron sus trabajos luego del prolongado encierro y de las restricciones sanitarias pero lo hicieron ganando menos y con una canasta básica más cara.
Una de las pocas cosas de las que podía presumir este gobierno, el aumento en los salarios mínimos (que deriva, por cierto, de la “nueva cultura salarial” impulsada por la Coparmex entre 2017 y 2020), ha ido perdiendo su impacto positivo con el aumento sostenido de la inflación. Como siempre ocurre, y bajo este gobierno no ha sido la excepción, la pandemia golpeó con mayor severidad a los más pobres.
El hecho irrebatible es el siguiente: hoy son más mexicanos bajo la línea de la pobreza que cuando López Obrador accedió a la presidencia. Si la gente votó mayoritariamente por él para vivir mejor, para hacer de México un país menos pobre e injusto, esta esperanza se ha visto completamente defraudada. Esto se advirtió en la baja votación de la consulta de revocación, plagada de irregularidades.
Por otro lado, hacia el futuro, no es posible que el gobierno haga llamados de unidad para salir de esta situación porque su discurso ha sido el de la polarización social. ¿Quién está pensando en invertir en un país que supedita a la Suprema Corte al designio del Poder Ejecutivo? ¿Qué inversionista arriesgaría su capital en un país en donde el presidente y su gabinete hacen gala de infringir constantemente la ley?
Son múltiples los llamados de empresarios, inversionistas y legisladores estadounidenses exigiéndole a su gobierno que intervenga ante los constantes incumplimientos mexicanos de las normas acordadas en el T-MEC. El gobierno mexicano cree –equivocadamente- que esto no traerá consecuencias.
El incremento en los salarios mínimos ha perdido su eficacia por las malas decisiones de política pública del gobierno de López Obrador. Ha aumentado el número de mexicanos en pobreza extrema y en pobreza laboral; con el cambio de Seguro Popular a Insabi dejaron de recibir atención médica gratuita más de 15 millones de mexicanos. Los programas de reparto de dinero no han activado el mercado interno. El cierre de guarderías primero y luego la desaparición de las escuelas de turno completo han sido golpes directos a la economía popular.
El empobrecimiento de las familias mexicanas es doblemente dramático. No sólo se trata de la reducción del ingreso económico directo, por medio de la inflación, sino de la falta de programas públicos que ayuden a paliar el difícil momento por el que se atraviesa. El futuro no es prometedor. No se ve por dónde puede venir la mejoría. El gobierno ya jugó todas sus cartas, y las jugó muy mal.
