#ColumnaInvitada | La reforma electoral y la igualdad del voto

Entre lo más grave se plantea la conversión del Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; la politización de las y los consejeros electorales al obligarlos a hacer campaña por el voto popular (haciéndolos dependientes de estructuras partidarias y recursos de procedencia opaca); o la eliminación de las disposiciones constitucionales sobre el padrón electoral y la credencial para votar.

Deja la puerta abierta para que la información de más de 93 millones de mexicanos regrese a manos del gobierno, o vaya usted a saber dónde, y derriba el pilar en el que se basa la máxima “una persona, un voto”.

Sin embargo, la iniciativa de reforma aborda un tema todavía más complejo y que tiene que ver con la igualdad del voto. El voto debe valer lo mismo cuando es emitido y contabilizado. Pero también debe tener el mismo valor cuando se traduce en la asignación de asientos en las Cámaras legislativas. Hasta el día de hoy, existe un déficit en este último rubro, pues un partido no obtiene el mismo porcentaje de curules que su porcentaje de votos.

Esto sucede por diversas circunstancias. Entre ellas, el sistema mixto para la conformación de las Cámaras donde 300 diputaciones se eligen por voto directo a una candidatura y 200 por el voto a una lista de partido; la sobre representación de 8% permitida en la Constitución -es decir, si un partido obtiene el 20% de votos puede tener hasta el 28% de la Cámara- y el régimen de coaliciones que en la práctica provoca que incluso ese límite sea rebasado.

En este sentido, la iniciativa plantea transformar la manera en la que se conforman los órganos de representación popular:
a) se integraría por 300 diputaciones, en lugar de 500;
b) su elección sería por un sistema de listas. Ya no se votaría por una persona en particular y por una de las 5 listas por circunscripción sino por 32 listas: una por cada entidad, por cada partido y;
c) cada diputación ya no representaría a cada uno de los 300 distritos electorales, sino a cada una de las entidades. Otro cambio importante es que en la repartición de curules participarían los partidos que hayan alcanzado por lo menos el 3% en su entidad y no a nivel nacional como se hace actualmente.

Ahora bien, si se aplican estas reglas a las elecciones del año pasado, encontraríamos lo siguiente:

El porcentaje de la votación obtenida de todos los partidos se acerca más al porcentaje de los escaños asignados, lo cual fortalece el principio de igualdad del voto. Entre los beneficiados se encuentran los partidos pequeños: de no tener ningún escaño (por no alcanzar representatividad nacional en 2021) se harían de ocho asientos en conjunto. Además, ganarían espacios Movimiento Ciudadano y el PRI.

Este último, de una subrepresentación de 4% pasaría a una sobre representación de 3%. El PVEM hubiera sido el más castigado: de ocupar el 8% de la Cámara, obtendría solo el 4.67%, seguido del PAN que perdería el 1% de sus curules. Morena se mantendría en la misma proporción. Resalta que la coalición Juntos Haremos Historia, que obtuvo 278 curules en 2021 (55.6%), obtendría 137 espacios: un 45.6% de la Cámara, porcentaje más cercano a su porcentaje de votación (42.77%).

La iniciativa podría traer mayor proporcionalidad y pluralismo a la Cámara legislativa. La mala práctica de esconder triunfos de mayoría relativa para burlar la sobre representación sería eliminada. Sin embargo, la representatividad podría verse dañada. El que cada diputación represente a la población de un distrito, una unidad geográfica relativamente pequeña, ayuda a acercar al representante con su electorado.

Hacer campaña en una entidad no sería forzosamente mejor que hacerlo en un distrito. Las candidaturas dependerían más de grandes estructuras partidarias que de la ciudadanía que los respalda.

La proporcionalidad ayuda a fortalecer a los órganos de representación popular. Ahora bien, utilizarla sin alterar la geografía electoral sería sin duda mejor. Veamos:

Si se aplica la idea de proporcionalidad de la iniciativa, pero se conservan los 300 distritos, se garantizaría representatividad y se mejoraría la proporcionalidad, además de que se conservaría el principio federal de nuestra Constitución.

La proporcionalidad pura, que por cierto se vende como la desaparición de los pluris porque es más popular y no porque sea cierto, que envía el presidente, provocaría que su partido no tuviera mayoría, con lo que estaría forzado a pactar con la oposición cada iniciativa en la Cámara de Diputados -incluyendo el presupuesto de egresos-. ¿Tendrán claro los efectos de su propuesta?

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Nota del editor:

Farah Munayer es maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Twitter @fmunayers

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.