Entre lo más grave se plantea la conversión del Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; la politización de las y los consejeros electorales al obligarlos a hacer campaña por el voto popular (haciéndolos dependientes de estructuras partidarias y recursos de procedencia opaca); o la eliminación de las disposiciones constitucionales sobre el padrón electoral y la credencial para votar.
Deja la puerta abierta para que la información de más de 93 millones de mexicanos regrese a manos del gobierno, o vaya usted a saber dónde, y derriba el pilar en el que se basa la máxima “una persona, un voto”.
Sin embargo, la iniciativa de reforma aborda un tema todavía más complejo y que tiene que ver con la igualdad del voto. El voto debe valer lo mismo cuando es emitido y contabilizado. Pero también debe tener el mismo valor cuando se traduce en la asignación de asientos en las Cámaras legislativas. Hasta el día de hoy, existe un déficit en este último rubro, pues un partido no obtiene el mismo porcentaje de curules que su porcentaje de votos.
Esto sucede por diversas circunstancias. Entre ellas, el sistema mixto para la conformación de las Cámaras donde 300 diputaciones se eligen por voto directo a una candidatura y 200 por el voto a una lista de partido; la sobre representación de 8% permitida en la Constitución -es decir, si un partido obtiene el 20% de votos puede tener hasta el 28% de la Cámara- y el régimen de coaliciones que en la práctica provoca que incluso ese límite sea rebasado.
En este sentido, la iniciativa plantea transformar la manera en la que se conforman los órganos de representación popular:
a) se integraría por 300 diputaciones, en lugar de 500;
b) su elección sería por un sistema de listas. Ya no se votaría por una persona en particular y por una de las 5 listas por circunscripción sino por 32 listas: una por cada entidad, por cada partido y;
c) cada diputación ya no representaría a cada uno de los 300 distritos electorales, sino a cada una de las entidades. Otro cambio importante es que en la repartición de curules participarían los partidos que hayan alcanzado por lo menos el 3% en su entidad y no a nivel nacional como se hace actualmente.
