El presidente finalmente presentó la tan anunciada reforma electoral. Los redactores de la propuesta son el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y el Director General de Aduanas. Ambos son exrepresentantes partidistas y legislativos ante el Consejo General del INE desde tiempos en que eran militantes del PRD y severos críticos de la autoridad electoral y del sistema electoral.
#ColumnaInvitada | Una reforma para la democracia o para la narrativa
La prueba de fuego de esta reforma electoral consistirá en analizar si en realidad el presidente y Morena quieren fortalecer a la democracia mexicana.
@EspinosaSilis
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La propuesta contiene siete temas sustanciales:
- reducción al financiamiento de partidos políticos;
- modificación al modelo de comunicación política y a los tiempos de radio y televisión para fines electorales;
- extinción de autoridades electorales locales y centralización de la función electoral;
- conformación de nuevas autoridades electorales, particularmente del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y elección popular de magistraturas del Tribunal Electoral y de consejerías electorales;
- reducción de legisladores y legisladoras federales y un nuevo mecanismo para elegirlos;
- reducción de los integrantes de los congresos locales y ayuntamientos; e
- implementación del voto electrónico para todas las elecciones.
El planteamiento central de la iniciativa consiste en una reforma a la democracia mexicana, la cual busca dar a la ciudadanía mayor representatividad y más pluralidad al espectro político, esto a través de representantes fidedignos de los intereses de la sociedad e instituciones electorales. Además de hacer efectivos los principios de austeridad y eficiencia en el gasto público.
La propuesta implica un cambio profundo a nuestro sistema electoral, una transformación en varios cimientos de la democracia mexicana. Esto implica que si bien ciertos temas como la elección mediante voto popular de consejerías y magistraturas aparezcan como una ocurrencia sin sustento, otros como la implementación del voto electrónico, la reducción del financiamiento a partidos o la revisión del modelo de comunicación política resulten interesantes.
Pero todas las nuevas propuestas requieren de una profunda reflexión y análisis a efecto de que se fortalezca el sistema electoral y no se debilite, además de que se den debates necesarios para mejorar procesos.
La justificación de algunos de estos cambios se fundamenta en un ahorro presupuestal, como ha ocurrido en otras ocasiones, y este se plantea en más de 24,000 millones de pesos; pero esta cifra carece de sustento, pues los montos con los que se hacen los análisis o no tienen respaldo documentado o son incorrectas o toman en cuenta rubros que hacen parte de actividades específicas. Por ejemplo, dentro de la iniciativa se contabiliza el presupuesto del INE y OPLEs con el monto que se destina a partidos políticos.
La reforma plantea la modificación a diversos artículos de la Constitución federal, lo que en un principio implica que requerirá de un consenso amplio de fuerzas políticas. Sin embargo, como ya vimos en el caso de la reforma eléctrica, Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para aprobarla solos y la oposición está votando en bloque.
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En principio parecería que, por el alcance que se busca, la reforma es un distractor de los temas relevantes del país, no porque el sistema electoral no importe o la democracia no sea prioritaria, sino porque las elecciones en México se hacen con éxito y son de calidad.
El sistema electoral funciona y comparado con temas como la inseguridad, los feminicidios, la salud o la educación, lo electoral no debería encontrarse en la lista de prioridades del gobierno ni del debate público.
La prueba de fuego de esta reforma consistirá en analizar si en realidad el presidente y Morena quieren fortalecer a la democracia mexicana y dar un paso final y firme hacia su consolidación llamando a un diálogo con los partidos políticos y atendiendo las verdaderas áreas de mejora del sistema electoral o, si de lo contrario, será un tema que alimente la narrativa de ataque y polarización que a partir de la revocación de mandato y la fallida reforma eléctrica se recrudeció en contra de la autoridad electoral y la oposición.
Por lo pronto llama la atención la urgencia con la que se busca implementar la reforma, pues en caso de aprobarse los cambios iniciarían en septiembre de este año, a un año de que inicie el proceso electoral federal de 2024.
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Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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