En este grupo se pueden encontrar reformas promovidas por legisladores actualmente en funciones. Un ejemplo es el caso de Jorge Álvarez Máynez (MC), quien en febrero de 2017 buscó que la Cámara se integrara por 300 diputados de mayoría Relativa (MR) y 100 de Representación proporcional (RP); o Claudia Edith Anaya Mota (PRI) quien, en agosto de 2017, propuso una composición legislativa de para la Cámara de 250-150.
La reforma que más legisladores ha intentado eliminar fue promovida en febrero de 2010 por el exdiputado José Adán Ignacio Rubí Salazar (PRI), quien pretendía una composición de la Cámara de 200 diputados electos por MR y 50 pluris, dejando un total de 250 congresistas en San Lázaro.
Cabe en este punto recordar que entre 1979 y 1988 nuestra Cámara tuvo 400 asientos (300 de MR y 100 de RP), hasta que se aprobó una reforma en 1986 y tuvo efecto en la LIV Legislatura (1988-1991), que fue la primera en tener la conformación actual de 500-200.
El segundo grupo de reformas en términos de popularidad (12 iniciativas que componen el 38% del total de propuestas en la materia) ha buscado eliminar por completo la figura de diputaciones plurinominales y convertir nuestro sistema electoral en uno puramente mayoritario (como que opera en Estados Unidos o Gran Bretaña).
En años recientes, las y los diputados de Morena han estado particularmente interesados en eliminar del mapa electoral a las diputaciones plurinominales, lo cual resulta lógico a la luz de los números, pues en 2018 Morena y su coalición ganaron en 218 de 300 distritos. Si para ese año la Cámara no hubiera repartido asientos por proporcionalidad, es decir, si se hubiera conformado únicamente con los candidatos ganadores en sus respectivos distritos, Morena habría controlado el 73% de la asamblea, a diferencia del 61.2% que obtuvo tras la repartición de los 200 asientos plurinominales.
Dicho en términos más simples, los pluris le restaron a Morena un 10% de fuerza legislativa en 2018. Un escenario similar se dio en 2021 cuando Morena y sus partidos coaligados ganaron 186 distritos. Empero, después de la repartición de curules plurinominales, esta coalición concentró el 55.6% de los asientos en la asamblea, perdiendo cerca de seis puntos porcentuales con respecto de sus triunfos distritales.
El argumento más común para reducir el tamaño de nuestra Cámara -sea quitando algunos pluris o eliminándolos por completo- es el costo económico de mantener el salario de tantos congresistas. Resulta que, aun considerando dieta, aguinaldo, otras prestaciones e incluso los sueldos de sus asesores, el costo de nuestros 500 diputados no asciende ni al 12% del gasto programado para la Cámara de Diputados en este 2022 (un total de 8,170,988,978 pesos). Ahora bien, si se eliminaran 200 diputados plurinominales, el ahorro sería menor al 5% del gasto anual programado.
Otra tesis que algunos defienden para eliminar a los pluris es que “nadie vota por ellos y por tanto solo responden a sus partidos”. Algo así como lo expresado en la incitativa presentada por el exdiputado independiente Cruz Humberto López Lena, quien en 2009 señalaba que “los 200 diputados de representación proporcional sólo rinden cuentas a las élites de los partidos e implican un alto costo al erario público”.
