¿Qué hacemos con la informalidad laboral?

Gobiernos, organismos empresariales y especialistas coinciden en que es uno de los grandes males del país, pues tiene graves consecuencias para la competitividad y para el bienestar de las personas.

Hay que entender en qué consiste, pues el concepto tiene una carga que produce percepciones sesgadas y prejuicios. Hay dos sesgos implícitos: considerarla una decisión voluntaria y reducirla a la falta de cumplimiento normativo.

El primer sesgo consiste en asumir que son personas que “no quieren” entrar a la formalidad. Como si tuvieran múltiples opciones y escogieran ser informales.

Los datos muestran que no es así. La mayoría de los trabajos informales son estrategias de sobrevivencia, opciones de “último recurso” para generar ingresos para vivir. De las 33 millones de personas (M) con trabajo informal, la tercera parte, 10.8 M trabajan “solas”, en unidades de una sola persona y casi la mitad, otras 15.3 M en unidades con 2 a 5 personas ocupadas.

El otro sesgo es identificarla con incumplimiento legal, sin especificar bien si se trata de (i) no contar con permisos y requisitos para abrir negocios, (ii) no pagar impuestos, (iii) usar efectivo y no tener registro de ingresos, (iv) o incumplir con derechos laborales.

Las situaciones de “incumplimiento” legal generalmente confluyen con la informalidad laboral pero no son la raíz: Es útil facilitar trámites de registro, simplificar pago de impuestos como ya lo hace el SAT con el Régimen Simplificado de Confianza – RESICO o abrir vías de bancarización.

Pero el problema de fondo es la afiliación al IMSS, entonces se requiere una solución a esa situación. Cuando se habla de reducir informalidad casi nadie se enfoca en crear vías para la afiliación y el pago de las contribuciones al IMSS y al Infonavit.

Lo determinante en la informalidad es carecer de afiliación al seguro social, trabajar sin derechos y sin protección social. El 99.9% de las 33 millones de personas con trabajo informal carecen de afiliación al IMSS. Visto de manera inversa, de las 35.9 millones de personas que trabajan sin afiliación al IMSS, 90%, 32.5 millones, tienen trabajo informal. El 10% restante son 1.9 millones de personas empleadoras y 1.5 millones con trabajo por cuenta propia.

De hecho, trabajar por cuenta propia es sinónimo de informalidad laboral: De 13 millones de personas que trabajan por cuenta propia 88%, 11.4 millones, están catalogadas como trabajo informal, pero 99.9%, 12.9 millones, carecen de afiliación al seguro social. Pese a que se supone que existe la afiliación voluntaria, en la práctica no se ejerce.

Resolver la informalidad laboral vía la afiliación al IMSS permitiría superar el lastre que frena la productividad económica y aún más importante, cortar de raíz la precariedad de trabajos sin seguro social. Esto es: sin acceso a servicios de salud para sus familias; a protección al ingreso en caso de enfermedad, maternidad o accidente; a ahorro para el retiro y pensiones para personas mayores; a ahorro y financiamiento para vivienda; a estancias infantiles.

Como el “nudo gordiano” quizá la solución a la informalidad laboral sea cortar de tajo de tajo el condicionamiento del acceso a la salud vía el trabajo. Pero si eso no es políticamente factible, entonces lo que se requiere es facilitar e incentivar la afiliación al seguro social.

Para gobierno, grandes y medianas empresas -donde hay más de 1 millón de trabajos informales- lo que procede es exigir cumplimiento de la ley.

Pero para personas con trabajo informal en negocios micro (20 M), pequeños (2.7 M), en el campo y sector primario (5.6 M), trabajadoras del hogar (2.1 M), urge un “RESICO – IMSS”: un régimen simplificado de acceso y pago al IMSS. Un régimen con cuotas diferenciadas, de aumento gradual y que inicie por garantizar acceso a servicios de salud.

La solución a la informalidad es crear una ruta de transición gradual para incorporar al IMSS a todas las personas que trabajan, como mandan la Constitución (art. 123, XXIX) y la Ley del Seguro Social (arts. 12 y 13).

Sin un “puente” para afiliar a quienes trabajan en micro negocios o en el campo, la informalidad nunca bajará y tampoco se reducirá la carencia por acceso a servicios de salud.

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Nota del editor: Rogelio Gómez Hermosillo es Presidente Ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.