#ColumnaInvitada | Apoyo a adultos mayores: ¿clientelismo o derecho?

La evolución del programa ha sido muy significativa: durante el último año de gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto se destinaban 43,000 millones de pesos. En la actual administración los montos fueron pasando de 113,000 millones en 2019; 127,000 millones en 2020; 150,000 millones en 2021 hasta llegar a los referidos 238,000 millones de pesos que se invierten hoy.

En 2019, la pensión universal entregada a los adultos mayores era de 2,550 pesos cada bimestre. En 2022, el monto que se está entregando asciende a los 3,850 pesos. De acuerdo con los planes de Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, se busca que esa cifra se incremente en un 20% para 2023 y que en 2024 –año de la elección presidencial– ascienda a 6,000 pesos de pensión, es decir, 3,000 pesos mensuales.

Lo anterior significa que en 2024 la Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores tendrá un costo de 370,000 millones: un incremento de 327,000 millones de pesos entre un sexenio y otro.

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El proceso de envejecimiento de la población es un hecho evidente: mientras que en la década de los noventa 5 millones de personas en México tenían 60 años o más, la cifra se incrementó a más de 15 millones tres décadas después. Las personas adultas mayores pasaron de representar el 6% de la población total al 12%. En el país, por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores, según datos del INEGI.

Un dato contundente es que 20% de las personas con más de 60 años en México no se encuentra afiliado a alguna institución que le pueda brindar servicios de salud.

El 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ahí se establecen derechos tales como a una vida con calidad, libre sin violencia, a vivir en entornos seguros, a tener acceso a los satisfactores necesarios (alimentos, bienes, servicios), a gozar de igualdad de oportunidades para obtener un trabajo y a un acceso preferente a los servicios de salud. Es notorio que falta mucho por hacer para cumplir el aspecto normativo.

La pregunta, entonces, no es si las personas adultas mayores merecen la mejor atención posible, sino qué características deben tener los mecanismos para que ello ocurra. Uno de los cuestionamientos que el actual gobierno debe superar es sobre que muchos de sus programas manejan con discrecionalidad los recursos públicos, que hay opacidad y que se fomenta el clientelismo.

Un tema a considerar al respecto es el de las reglas de operación, que el propio gobierno federal define como las “disposiciones normativas a las cuales se sujetan algunos programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos”. El hecho es que cada vez son más los programas sociales sin esas reglas.

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¿Nos encontramos en un momento de avance o de retroceso democrático? ¿Estamos viviendo una etapa de populismo en la historia del país? Aún se discuten respuestas certeras a estas preguntas, cuando ya es indispensable pensar en los efectos que pudiera estar teniendo el ejercicio de gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

No cabe duda que este gobierno será recordado por la implementación y los altos costos de ciertos programas sociales. Acorde con una tendencia mundial a atender a los adultos mayores, la actual administración lo ha convertido en uno de sus principales programas. Ojalá que también sea recordado por lograr resultados exitosos en ese ámbito.

Oteador:

* En un par de semanas, del 22 al 25 de febrero, se desarrollará el Congreso Internacional “Políticas públicas, derechos y calidad de vida del adulto mayor: el reto del Siglo XXI”, organizado por la Universidad de Guadalajara, El Colegio de Jalisco, la Red Internacional América Latina, África, Europa, Caribe (ALEC), entre otras instituciones. Sin duda constituye una gran oportunidad para discutir sobre los apoyos que deben recibir los adultos mayores y la mejor manera de proceder a su distribución.

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Nota del editor: el autor es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.