#ColumnaInvitada | Una sentencia retrógrada

Hace unos días la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia que obliga a los concesionarios de radio y televisión a distinguir la información de la opinión. Para el Ministro Juan Luis González Alcántara, de acuerdo a esta sentencia, la sociedad debe ser tratada como si se tratase de un menor de edad que no puede establecer la diferencia, cuando escucha o ve un noticiero, entre información y opinión. La sentencia obligará a los medios a señalarle a su audiencia cada vez que sus comunicadores emitan una opinión, como si el público no pudiera por sí mismo establecer esa diferencia. De cumplirse esta sentencia un conjunto de burócratas determinarían cuándo un medio emite una opinión editorial, restándole esa capacidad al espectador para traspasársela al gobierno. Una especie de censor de contenido editorial, disfrazado de autoridad en géneros periodísticos.

En repetidas ocasiones hemos escuchado al presidente afirmar, con lo cual coincidimos, que el pueblo no es tonto. Sin embargo, esta sentencia considera que el pueblo (la sociedad en su conjunto) no tiene la capacidad suficiente para darse cuenta de cuándo un medio emite una opinión, ante lo cual debe protegerlo y tutelarlo. Se trata de una clara restricción, la más grave en décadas, de la libertad más valiosa de que goza la sociedad, una libertad que ha conquistado a pulso: la libertad de expresión.

Debemos decirlo sin ambages: se trata de una resolución retrógrada ante la cual la sociedad no puede mantenerse indiferente. En cuestión de las libertades adquiridas no debemos dar marcha atrás.

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Imaginemos: ¿qué sucedería con las conferencias matutinas del presidente? Como sabemos, el primer mandatario utiliza todas las mañanas su espacio para dar información de las actividades de su gobierno a la vez que emite libérrimamente su opinión: aconseja, sermonea, regaña, aplaude, crítica, calumnia, en suma: no distingue entre información y opinión. ¿Alguien concibe que un órgano de gobierno va a ponerle trabas a las expresiones cotidianas del presidente? ¿No será que se busca restringir la libertad de los medios para que el único que pueda usar plenamente su libertad sea el presidente de la república? Como decía George Orwell en su famosa novela (La rebelión en la granja): todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. La sociedad mexicana no debe tolerar estos distingos.

La sentencia emitida por la Suprema Corte al parecer ignora cómo funcionan los medios de comunicación en sus espacios informativos. Al seleccionar, de entre muchas, qué noticias va a comunicar ya está emitiendo una opinión editorial. En los hechos no existe, y no es deseable, la absoluta parcialidad informativa. Cada medio tiene su postura editorial y la manifiesta en sus espacios informativos. Si el espectador no está de acuerdo con lo que un medio emite, está en todo su derecho de dejar de seguirlo y buscar otras opciones. De ese modo ejerce su libertad, que es la libertad de las audiencias, y el derecho de acceso a la información. La resolución de la Suprema Corte determina que esa libertad ahora debe ejercerla no la sociedad sino un conjunto de burócratas encargados de tutelarlos.

La única restricción que deben tener los medios informativos es la de no incitar a que se cometan delitos. Fuera de eso, los medios de comunicación deben gozar de una libertad irrestricta para informar y opinar. La libertad editorial, incluso cuando ésta pueda ser tendenciosa, no debe restringirse. Ya será el espectador el que juzgue si acepta o no esos sesgos informativos. El Estado, que incluye por supuesto a la Suprema Corte, debe procurar siempre ampliar las libertades de los ciudadanos, no restringirlas ni acotarlas.

Resulta curioso por lo demás que se intente coartar la libertad de medios como la radio y la televisión cuando existen otras plataformas, como internet, que no tienen regulación alguna. La resolución emitida pondría a los medios tradicionales en franca desventaja frente a la libertad irrestricta que se respira en otras plataformas.

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De entre las libertades que goza la sociedad, ninguna más valiosa que la libertad de expresión. Es el aire que permite que la sociedad respire. Sin ella, sufriría la asfixia de vivir en un medio cerrado e intolerante, en el cual el gobierno decide qué podemos ver y escuchar. Como sociedad no podemos permitirlo.

Los concesionarios sin duda acudirán a las instancias correspondientes para impedir

que la sentencia de la Suprema Corte se imponga. Pero nos corresponde a nosotros como sociedad activa, alzar la voz en defensa de nuestros derechos de audiencia. En última instancia los más afectados con estas disposiciones no son los medios y sus noticieros, sino la sociedad a la que se le delimitarán los contenidos en medios. Por tanto, debe ser la sociedad la que elija y no el gobierno el que indique las fronteras de lo que se debe decir y cómo. Los mexicanos debemos avanzar a un régimen de libertades plenas sin que sean los burócratas en turno los que nos digan qué debemos ver y cómo.

La Suprema Corte se pronunció por restringir la libertad de expresión. Le corresponde ahora a la sociedad hacer suyo el reclamo de los medios y manifestarse en contra de esta medida coercitiva. Por el bien de todos, debemos alzar la voz e impedir que esto ocurra.

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El autor es Co-fundador de Sí por México.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.