La sentencia emitida por la Suprema Corte al parecer ignora cómo funcionan los medios de comunicación en sus espacios informativos. Al seleccionar, de entre muchas, qué noticias va a comunicar ya está emitiendo una opinión editorial. En los hechos no existe, y no es deseable, la absoluta parcialidad informativa. Cada medio tiene su postura editorial y la manifiesta en sus espacios informativos. Si el espectador no está de acuerdo con lo que un medio emite, está en todo su derecho de dejar de seguirlo y buscar otras opciones. De ese modo ejerce su libertad, que es la libertad de las audiencias, y el derecho de acceso a la información. La resolución de la Suprema Corte determina que esa libertad ahora debe ejercerla no la sociedad sino un conjunto de burócratas encargados de tutelarlos.
La única restricción que deben tener los medios informativos es la de no incitar a que se cometan delitos. Fuera de eso, los medios de comunicación deben gozar de una libertad irrestricta para informar y opinar. La libertad editorial, incluso cuando ésta pueda ser tendenciosa, no debe restringirse. Ya será el espectador el que juzgue si acepta o no esos sesgos informativos. El Estado, que incluye por supuesto a la Suprema Corte, debe procurar siempre ampliar las libertades de los ciudadanos, no restringirlas ni acotarlas.
Resulta curioso por lo demás que se intente coartar la libertad de medios como la radio y la televisión cuando existen otras plataformas, como internet, que no tienen regulación alguna. La resolución emitida pondría a los medios tradicionales en franca desventaja frente a la libertad irrestricta que se respira en otras plataformas.
De entre las libertades que goza la sociedad, ninguna más valiosa que la libertad de expresión. Es el aire que permite que la sociedad respire. Sin ella, sufriría la asfixia de vivir en un medio cerrado e intolerante, en el cual el gobierno decide qué podemos ver y escuchar. Como sociedad no podemos permitirlo.
Los concesionarios sin duda acudirán a las instancias correspondientes para impedir
que la sentencia de la Suprema Corte se imponga. Pero nos corresponde a nosotros como sociedad activa, alzar la voz en defensa de nuestros derechos de audiencia. En última instancia los más afectados con estas disposiciones no son los medios y sus noticieros, sino la sociedad a la que se le delimitarán los contenidos en medios. Por tanto, debe ser la sociedad la que elija y no el gobierno el que indique las fronteras de lo que se debe decir y cómo. Los mexicanos debemos avanzar a un régimen de libertades plenas sin que sean los burócratas en turno los que nos digan qué debemos ver y cómo.
