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#ColumnaInvitada | Acceso a la información, prioridad latinoamericana

La transparencia y en especial el acceso a la información se convierten en herramientas fundamentales para consolidar la democracia, pero en especial para mitigar los efectos de la exclusión social.
lun 17 enero 2022 10:30 AM
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La búsqueda de información pública debe estar garantizada por plataformas que aseguran la transparencia.

El 2022 ha iniciado con un cuestionamiento persistente, heredado de antaño, al funcionamiento de los sistemas democráticos, sus políticas públicas y resultados. En Latinoamérica, esto ocurre en el marco de la profundización de la desigualdad, potenciada por la pandemia del Covid-19, como se evidencia en el Latinobarómetro 2021 , documento que da constancia de la percepción de que las mayores desigualdades están en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo y la justicia.

En este escenario de retos, EUROsocial, el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que pugna por la reducción de las desigualdad en nuestra región, convocó al Encuentro Pactos Políticos y Sociales para una Nueva América Latina: Equidad, Derechos Humanos y Democracia, en el que nuestro país ha sido representado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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Ahí, junto con el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, he tenido la oportunidad de representar también a la Presidencia de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que aglutina a 37 autoridades de 18 países iberoamericanos, para hacer un llamado a reafirmar la democracia como régimen político y forma de gobierno, lo que conlleva a trabajar en la ampliación del consenso social y político que le da soporte a ésta, y legitimidad a sus instituciones, reglas y procedimientos.

Sin soslayar que el punto de consenso para garantizar la viabilidad de cualquier iniciativa es el respeto al ejercicio de las libertades civiles, políticas y los derechos humanos, consideramos que la agenda del progreso social debe estar en el centro de las deliberaciones sobre el futuro de América Latina, y ésta debe caracterizarse por tener un enfoque sustentable, de género, y con especial atención a los grupos vulnerables e históricamente excluidos, que son los que en las crisis como la sanitaria que padecemos, terminan siendo los más afectados.

Ante eso, la transparencia y en especial el acceso a la información, se convierten en herramientas fundamentales para consolidar la democracia, pero en especial para mitigar los efectos de la exclusión social, ya que, por ejemplo, es posible que cualquier persona que ejerza el derecho a saber para acceder a los servicios de salud para ser atendida en medio de la pandemia, o que pueda recibir subvenciones o apoyos de programas sociales en el marco de la crisis económica mundial.

En el foro, tuve la oportunidad de rememorar algunas acciones que desde la RTA, de la que el INAI forma parte, se han impulsado con la mira de extender los beneficios del derecho a saber entre todos los habitantes de nuestra región.

Una de las más destacadas es la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública de la OEA, que incluye los mejores estándares normativos del continente en la materia, que son medidas para promover la apertura de la información oficial, como la transparencia activa y las responsabilidades que adquieren los sujetos obligados, la difusión proactiva y los diversos esquemas de publicación de la información.

Asimismo, entre las medidas que promueve la Ley Modelo, están los mecanismos de apelación y las resoluciones ante la violación del derecho a saber, haciendo especial énfasis en la carga de la prueba; además del funcionamiento de los organismos garantes especializados en acceso a la información.

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Otra de las acciones relevantes fomentadas desde la RTA con el apoyo financiero de EUROsocial, es el modelo de medición , pionero en su clase, que permite cuantificar e identificar los retos, déficits y fortalezas en las políticas de transparencia.

Dicho modelo, que abarca los recursos, los procesos y los resultados como dimensiones a medir, evidenció un alto nivel de cumplimiento de los aspectos formales de la normatividad de acceso a información, el cual contrasta con su implementación, donde se registran los mayores retos en la región.

En los resultados de la medición de recursos, se constató que hay en Latinoamérica un alto nivel de reconocimiento y garantía del derecho a saber, un nivel medio en la función garante y un déficit en la función promotora, sumado a un escaso nivel de instalación de capacidades de los sujetos obligados para cumplir la ley.

Asimismo, destaca la RTA que nuestro país, junto con El Salvador, Brasil y Uruguay, posee uno de los estándares más altos en lo que respecta a las leyes de transparencia, ya que comprende a un amplio número de sujetos obligados, en nuestro caso, están incluidos todos los ámbitos de la administración pública federal, de las entidades federativas y los municipios.

Otras valiosas aportaciones impulsadas desde la RTA son el Estudio de Diagnóstico y la Metodología para la Incorporación de la Perspectiva de Género en las Políticas de Transparencia y Acceso a la Información en América Latina, sumado a la Caja de Herramientas de Transparencia Legislativa, que busca facilitar y profundizar el proceso de apertura institucional y la adopción de buenas prácticas en los parlamentos de las Américas y el Caribe.

Además de lo anteriormente planteado ante los asistentes al Encuentro Pactos Políticos y Sociales para una Nueva América Latina, vale la pena remarcar que en entornos de consolidación democrática, la promoción y la tutela del acceso a la información debe seguir siendo una prioridad, ahora y en el futuro.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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