#ColumnaInvitada | Los grupos vulnerables

El pasado 1 de octubre finalizó la Semana Nacional de Transparencia, bajo el lema: “El valor de la información: inclusión, igualdad en la era de la transparencia”. Dicho evento fue coordinado por mi compañera Julieta del Río y mi compañero Adrián Alcalá, contando con la participación de cerca de 20 mil espectadores virtuales, convirtiéndose en un parteaguas respecto de cómo las instituciones y quienes en ellas servimos debemos enfocar la tutela de los derechos de las personas, desde la perspectiva de quienes tienen barreras o, en el peor de los casos, se encuentran imposibilitados para ejercerlos, como resultado de diversas formas de discriminación o desigualdad.

Históricamente, diversos grupos de la sociedad han vivido en condiciones adversas, casi siempre producto de factores de carácter estructural, pero la pandemia declarada a causa del COVID-19 no sólo ha agravado la vulnerabilidad en dichos grupos, sino que la ha extendido a otros sectores sociales.

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Grupos como las niñas, niños y adolescentes se vieron afectados por las medidas de reducción de la movilidad, pero también por una disminución en el promedio de ingresos familiares, convirtiéndolos en un grupo con mayores barreras para acceder a sus derechos, declarándose con ello la necesidad perentoria de generar estrategias para potenciar su inclusión.

En el caso del derecho a la educación, se estima que la pandemia podría llegar producir afectaciones causadas por el tránsito al modelo de educación a distancia, en el entendido de que existen condiciones de acceso desiguales a las tecnologías de la información y los medios materiales necesarios para acceder a ellas, lo que provocaría un rezago importante en el proceso emancipatorio que genera la educación por sí misma, especialmente cuando hablamos de grupos vulnerables con carencia de oportunidades.

El mismo fenómeno es extensible al derecho de acceso a la información, íntimamente relacionado con la educación, aunque más general en sus alcances y contenidos, cuyos cauces principales discurren, más aún en tiempos de pandemia, a través de medios electrónicos, y que con la reducción de la movilidad de las personas también sufrió un proceso regresivo.

Lo anterior se traduce en una serie de obstáculos que se presentan más gravemente en el ejercicio de los derechos por parte de los menos favorecidos o los históricamente discriminados, desde las personas con discapacidad o los miembros de pueblos originarios, comunidades indígenas o rurales, hasta personas migrantes, mujeres víctimas de diversas formas de violencia o miembros de la comunidad LGBTTTI.

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El hecho de que se estime como “vulnerable” a toda persona o grupo que por sus características de desventaja debido a su edad, sexo, preferencias, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física o mental, significa, entre otras cosas, que su incorporación al desarrollo requiere de una atención especial por parte del Estado y sus instituciones.

Es fundamental, como ya he sostenido en diversas ocasiones, que las instituciones asuman esa deuda de universalidad que cobija a los derechos humanos, ya no como una aspiración, sino con el compromiso de su realización con especial atención hacia los grupos vulnerables, cuya exigencia transita por valores como la igualdad y no discriminación, con más oportunidades y en un ámbito de equidad, estableciendo los cimientos para la construcción de una sociedad más justa.

Es, lo repito, una deuda del Estado mexicano.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).