Enero
Parecía que el año iniciaba con manos a la obra en el combate a la corrupción. En enero el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua mandó llamar a declarar a María Eugenia Campos Galván, exalcaldesa de la ciudad de Chihuahua, acusada de recibir mucho dinero para asegurar su voto a favor de las iniciativas presupuestales del exgobernador César Duarte cuando Maru fue diputada del PAN. En 2021, Maru compitió como candidata de la coalición PAN-PRD “Chihuahua nos une” para ocupar la gubernatura del estado. En agosto ganó. Un día antes de su toma de protesta el poder judicial de Chihuahua la exoneró de todos los cargos, aduciendo no que no hubiese recibido sobornos, sino que la fiscalía no acreditó que éstos hubieran comprometido las votaciones de la exdiputada panista en favor de Duarte. Todos nos quedamos con los ojos cuadrados pensando en el argumento de la exoneración y en la perfecta sincronía del tribunal con los tiempos electorales.
Febrero
La ASF presentó un informe en el que señaló el manejo irregular de recursos en las principales obras de la administración de López Obrador: el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto. Unos meses después, en julio, la ASF anunció que ampliaría sus revisiones a la cuenta pública de 2020, que también incluye las obras en Dos Bocas. Ese mismo mes, la auditoría también encontró irregularidades en el ejercicio de los programas Servidores de la Nación, Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores y Becas Benito Juárez. El presidente se limitó a decir que la ASF exageraba y que su gobierno aclararía todo, aunque seguimos sin tener novedades al respecto.
Marzo
Gracias al IMCO, supimos que el gobierno del presidente López Obrador gastó en 2020 más de 4 mil millones de pesos en compras públicas de emergencia, las cuales han sido observadas por diversas irregularidades, casi todas relacionadas con sobreprecios, opacidad y favoritismo por parte de la 4T.
Ese mes hubo una buena noticia: el Tribuna Superior de Chihuahua confirmó la sentencia de seis años contra Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del exgobernador César Duarte, por sus actos de corrupción que causaron un daño a las finanzas públicas del estado. Sin embargo, en diciembre, después de haber cumplido cuatro años en la cárcel, se le otorgó libertad condicional, imponiéndole el uso de un brazalete electrónico y resguardo domiciliario. Esperamos que no se le antoje ir a cenar al Hunan antes de cumplir su sentencia.
