Toda esta retahíla de inconstitucionalidad e ilegalidad se logró a través de un acuerdo de dos páginas y usando tres conceptos comodines que más vale que todos comencemos a reconocer y a cuestionar: “interés público”, “seguridad nacional” y “desarrollo nacional”.
Después de leer el ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación del día lunes 22 de noviembre del 2021, cobran sentido las recientes declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional, instándonos a todos los mexicanos a unirnos al “proyecto de nación que está en marcha”. Y ¿cómo no?, si el Ejército es el gran beneficiario de este régimen de excepción ilegal en el que todos los proyectos y obras carentes de permisos, licencias, estudios o evaluaciones tienen que “pre” autorizarse en un periodo máximo de 5 días.
Por si esto fuera poco, como el ejército es incorruptible –así también lo ha decretado el señor presidente en otras oportunidades– no tendremos que preocuparnos más de cómo se usan los recursos públicos, de cuánto y cómo se gasta, de a quién se subcontrata, de cómo se adjudican los contratos y de la calidad de los materiales que se compran, entre otras muchas cosas que de hoy en adelante serán información protegida por “seguridad nacional” y por ello reservada. ¿Necesitamos más evidencia de que al presidente la transparencia no le importa?
Y queda claro que tampoco le importan la prevención y el combate a la corrupción. Voy a dejar de decir que el presidente no entiende esos conceptos –tesis que he defendido muchas veces–. El presidente los entiende perfectamente, tan bien que el día de ayer decidió eliminar “de un acuerdazo” todos los candados que las leyes ponen a la ejecución de las obras públicas. Sabe perfectamente que esa es una de las grandes áreas de corrupción de su administración (y de todas las anteriores), y aún así decidió eliminar para él y sus intereses todos los procesos que al él le estorban, pero que están ahí para garantizar que las obras no afecten o afecten lo menos los derechos de terceros, el medio ambiente, las comunicaciones, las vialidades y la vida de los ciudadanos. ¿En qué sentido puede ser esto conveniente para el desarrollo nacional?
