¿Cuál es la agenda del año que empieza? ¿Qué temas se perfilan como los de mayor relevancia? Los más mencionados, incluso ya muy asumidos, son la consulta para la revocación de mandato, las elecciones en seis estados (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas) y los pleitos por la sucesión adelantada en la coalición gobernante.
La 'otra' agenda del 2022
Son asuntos de política, disputas de poder por presupuesto, gubernaturas y una candidatura presidencial. Pero en un contexto, y esto es lo decisivo, de mucha debilidad o debilitamiento institucional. Sea el INE y la polémica por organizar un ejercicio extraordinario de participación ciudadana sin recursos adicionales para costearlo, sean las instancias estatales y sus dificultades para garantizar la integridad de las elecciones contra la intromisión de poderes constituidos u organizaciones criminales (con el agravante de que cada vez resulta más difícil distinguirles) o sea la dirigencia de Morena y el reto de gobernar las disputas al interior del partido, la trama de fondo es la misma: que durante los últimos años la política mexicana ha experimentado un profundo proceso de desinstitucionalización que pone en entredicho su capacidad para procesar el conflicto y reducir la incertidumbre.
No son temas triviales; sin embargo, corren el riesgo de ser trivializados como una forma de espectáculo político, de terminar fungiendo como un arma de distracción masiva que desvía la atención pública respecto a otros asuntos no tan ruidosos pero de igual o hasta mayor impacto para la población. Y es que en tiempos tan mediatizados, parafraseando a Frank Zappa, cuando hace falta gobierno la política es susceptible de convertirse en una rama del entretenimiento. Convendría, pues, ampliar el foco y pensar la agenda del 2022 más allá de los escándalos predecibles, poniendo énfasis no tanto en las disputas de poder como en los déficits gubernamentales.
Por ejemplo, en materia de salud. Durante los últimos dos años la pandemia le cobró un precio tremendo a la sociedad mexicana en términos de afectaciones y vidas, pero el presidente López Obrador pagó un costo político mínimo por la incompetencia de su gobierno para manejarla. Cuando se contagió de Covid la primera vez muchos pensamos que eso le afectaría en las encuestas y lo obligaría a modificar su política. Pero no fue así. Se ha vuelto a contagiar y francamente nada indica que en esta ocasión las cosas vayan a ser diferentes. Parece que, simple y llanamente, una mayoría de los mexicanos ha decidido no trasladarle ninguna responsabilidad. Encima de la catástrofe sanitaria hay una tragedia democrática.
O en materia de seguridad. Los asaltos, desapariciones, secuestros, asesinatos, extorsiones, todos los géneros de “la violencia” siguen habitando las noticias de cada día. También las complicidades y los encubrimientos, los vínculos cada vez más evidentes entre autoridades de todos los niveles y grupos del crimen organizado. Pero igual, como dice un infausto dicho, México es el país en el que no pasa nada… y cuando pasa, tampoco pasa nada. A la normalización de todas esas transgresiones se ha añadido la normalización tanto de la ineficacia como de la indiferencia oficiales. Y sobre las ruinas de la indignación y la exigencia ciudadanas de ayer se despliega, hoy, una agresiva militarización ya no solo de la seguridad sino de muchos otros ámbitos de la administración pública.
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O, por último, en materia de corrupción e impunidad. El gobierno lopezobradorista ha instrumentalizado los agravios sociales que estallaron al respecto durante el sexenio anterior no para hacer justicia sino para emprender una ofensiva política contra sus críticos, opositores y contrapesos. No hay ningún logro concreto, ningún proceso ni sanción ejemplar que destaque en ese sentido. Hay, en todo caso, un discurso presidencial tan flamígero como desprovisto de resultados, una secretaría de la Función Pública opaca e irrelevante y una Fiscalía que ha hecho de la arbitrariedad y el amedrentamiento sus únicas divisas.
Ojalá, en suma, que la política de la consulta, las elecciones y la sucesión, a pesar de su incuestionable importancia, no desplace de la agenda pública los saldos negativos que el actual gobierno parece empeñado en seguir acumulando en materia de salud, seguridad, corrupción e impunidad.
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