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#ColumnaInvitada | Recortes presupuestales. Elecciones simuladas

Desde hace algunos años, una de las formas de presionar a las autoridades electorales ha sido a través de recortes presupuestales; para 2022 el recorte al INE será de casi 5,000 mdd.
vie 12 noviembre 2021 10:30 AM
Voto 2021
Las elecciones del 2022 y el proceso de revocación de mandato no tendrán los recursos idealmente necesarios.

Esta semana dio inicio la discusión en la Cámara de Diputados con la finalidad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, lo que supone llegar a los acuerdos necesarios para definir cómo y en que se va a gastar el dinero que recauda y recibe el Estado mexicano. Para ello, cada uno de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de los órganos constitucionales autónomos, elaboran su propio presupuesto y lo envian a efecto de que sea considerado. Esto es así, pues la autonomía de la que goza cada uno de estos órganos estatales para garantizar su independencia implica que puedan definir cuánto dinero necesitan para cumplir con sus atribuciones y en qué lo van a gastar.

No obstante, como sabemos, la premisa presupuestal de la actual administración es la austeridad.

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Desde hace algunos años, una de las formas de presionar a las autoridades electorales ha sido a través de recortes presupuestales, algunos han sido tan agresivos que han puesto en riesgo el desempeño de la función electoral. Para 2021 el INE recibió un recorte presupuestal cercano a los mil millones de pesos; a su vez, los institutos electorales locales y los tribunales electorales también fueron víctimas de la austeridad republicana, algunos a tal grado que el ejercicio de sus la funciones se puso en riesgo en plenas elecciones.

Para el próximo año, desde la Cámara de Diputados, la mayoría parlamentaria propone un recorte presupuestal al INE de alrededor de 5,000 millones de pesos, esto equivale al 25% del presupuesto solicitado por la institución, o casi la totalidad del financiamiento que recibirán los partidos políticos para 2022 o más del 100% del costo previsto para la organización de la revocación de mandato que impulsa Morena.

El INE actualmente es una de las instituciones del Estado mexicano que más facultades concentra, no sólo organiza elecciones federales, sino que además es el órgano rector del sistema electoral nacional, lo que implica que también interviene en la organización de las elecciones locales; igualmente, se encarga de actualizar y mantener vigente el padrón electoral, la base de datos ciudadana más completa y actualizada que tiene el Estado mexicano, también opera el modelo de comunicación política que conlleva pautar y monitorear todos los tiempos de radio y televisión a los que tienen derecho los partidos políticos y las autoridades electorales y es el órgano regulador de los partidos políticos. Dentro de sus funciones está también la de promover e impulsar la educación cívica y la participación ciudadana, fundamentales para la creación de una cultura democrática.

Más recientemente el legislativo lo ha facultado para organizar los ejercicios de democracia directa o participativa, tales como la revocación de mandato o la consulta popular, tan aclamados por la administración en turno. Todas estas facultades más las que se acumulen derivadas de los mandatos judiciales del Tribunal Electoral y de las ocurrencias legislativas deben ser planeadas y ejecutadas por el INE con un presupuesto que cada año resulta más ajustado.

 

El 2022 no es un año de elecciones federales, pero sí de locales, seis entidades federativas celebrarán elecciones ordinarias, todas elegirán al titular del Ejecutivo y dos, la integración de la Legislatura y de los Ayuntamientos. También es posible que se lleve a cabo, por primera vez en el país, una consulta para saber si la ciudadanía quiere revocar el mandato del presidente de la Republica o no, así como la segunda consulta popular a nivel nacional. Todo esto organizado bajo la coordinación del INE.

El recorte previsto por la mayoría legislativa provocará que más de uno de estos ejercicios democráticos y de las funciones necesarias para llevarlos a cabo se vean mermadas o de plano no se puedan realizar. La reducción presupuestal no solo es una medida de austeridad republicana que busca reasignar recursos para los programas sociales que ahora se propone internacionalizar o las mega obras que se han convertido en pozos consumidores de recursos públicos, en el fondo constituye un ataque más a la autoridad electoral que buscar debilitar su autonomía y subsumir la función electoral al poder en turno.

No es exagerado pensar que el debilitamiento de la autoridad electoral a partir de la insuficiencia presupuestal es parte de una estrategia para capturar la función electoral, y un riesgo que puede llevar a la simulación de elecciones o procesos participativos, tal como lo hemos visto en otros paises. Un presupuesto adecuado y suficiente es primordial para asegurar el fortalecimiento y consolidación de una democracia verdadera.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

 
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