Desde hace algunos años, una de las formas de presionar a las autoridades electorales ha sido a través de recortes presupuestales, algunos han sido tan agresivos que han puesto en riesgo el desempeño de la función electoral. Para 2021 el INE recibió un recorte presupuestal cercano a los mil millones de pesos; a su vez, los institutos electorales locales y los tribunales electorales también fueron víctimas de la austeridad republicana, algunos a tal grado que el ejercicio de sus la funciones se puso en riesgo en plenas elecciones.
Para el próximo año, desde la Cámara de Diputados, la mayoría parlamentaria propone un recorte presupuestal al INE de alrededor de 5,000 millones de pesos, esto equivale al 25% del presupuesto solicitado por la institución, o casi la totalidad del financiamiento que recibirán los partidos políticos para 2022 o más del 100% del costo previsto para la organización de la revocación de mandato que impulsa Morena.
El INE actualmente es una de las instituciones del Estado mexicano que más facultades concentra, no sólo organiza elecciones federales, sino que además es el órgano rector del sistema electoral nacional, lo que implica que también interviene en la organización de las elecciones locales; igualmente, se encarga de actualizar y mantener vigente el padrón electoral, la base de datos ciudadana más completa y actualizada que tiene el Estado mexicano, también opera el modelo de comunicación política que conlleva pautar y monitorear todos los tiempos de radio y televisión a los que tienen derecho los partidos políticos y las autoridades electorales y es el órgano regulador de los partidos políticos. Dentro de sus funciones está también la de promover e impulsar la educación cívica y la participación ciudadana, fundamentales para la creación de una cultura democrática.
Más recientemente el legislativo lo ha facultado para organizar los ejercicios de democracia directa o participativa, tales como la revocación de mandato o la consulta popular, tan aclamados por la administración en turno. Todas estas facultades más las que se acumulen derivadas de los mandatos judiciales del Tribunal Electoral y de las ocurrencias legislativas deben ser planeadas y ejecutadas por el INE con un presupuesto que cada año resulta más ajustado.
