Pero como dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y es que los legisladores de Morena y el Partido de Trabajo no sólo aprovecharon esa tribuna para denostar, provocar y agredir al consejero presidente, sino que no valoraron/escucharon/entendieron ni uno solo de sus argumentos. Insisten en que el monto que solicita para sí es de 24 mil millones; comparan distintos presupuestos en términos nominales, no reales, y con ello afirman, sin el menor empacho, que se solicita un aumento de 13% en comparación con el año 2019. Deducen, erróneamente, que las tareas de este año son “menos complejas” y castigan al Instituto por defender su autonomía.
Ya en la Consulta Popular de agosto pasado le negaron al INE los recursos que había solicitado para realizar sus funciones. La autoridad electoral tuvo que hacer uso de economías y de la inercia del proceso electoral federal que había ocurrido apenas hacía un mes. En la Revocación de Mandato esto será materialmente imposible pues no solo las condiciones temporales son distintas, sino que la ley obliga al INE a garantizar la integración de nuevas mesas directivas de casilla y habilitar la misma cantidad de mesas de votación que en el proceso electoral anterior. El trabajo de campo que se requiere y las tareas de capacitación y organización electoral absorben aproximadamente el 80% de los recursos que se solicitaron en este rubro.
De aprobarse el recorte presupuestal, la organización de la revocación de mandato sencillamente no será posible. Pero no será una decisión de la autoridad electoral, sino de los legisladores -y del Ejecutivo-. Será claro, entonces, que la revocación de mandato se toma como un asunto propagandístico más que como un genuino ejercicio de rendición de cuentas donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos políticos. Sin garantías materiales, la “voz del pueblo” simplemente no existe.
Dar atribuciones sin los recursos necesarios para cumplirlas es una trampa que busca debilitar al órgano electoral bajo el manto demagógico de la austeridad. En realidad, se amenaza su autonomía y se drena su funcionamiento. La democracia participativa no puede ser utilizada para debilitar a las instituciones clave de la democracia representativa.
