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#ColumnaInvitada | Austericidio: el recorte al INE

Como dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y en el caso del recorte al presupuesto del INE, ya se alertó que la organización de la revocación de mandato no será posible.
mié 10 noviembre 2021 11:39 AM
Lorenzo Córdova en comparecencia
En la pasada comparecencia de Lorenzo Córdova, los diputados de la alianza morenista acusaron al consejero presidente de derrochar recursos en salarios.

La democracia no tiene precio, pero cuesta. Y en el caso mexicano cuesta 1 peso por cada 500 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. O por lo menos esa era la propuesta del Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo, el proyecto de Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 propone disminuir al INE casi 5 mil millones de pesos, el 26% de lo solicitado. Es decir, el mayor recorte en su historia. De un plumazo -y sin ninguna evidencia- los legisladores determinan que aún con el ajuste “el INE cuenta con suficientes recursos para hacer frente a los procesos electorales programados para el 2022, así como para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales y legales”.

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La propuesta se da a conocer después de la comparecencia del consejero presidente a la Cámara de diputados el pasado 5 de noviembre. Comparecencia a la que justamente se le invitó -decían- para que en un ejercicio democrático y parlamentario se explicaran las razones del monto solicitado.

Lorenzo Córdova fue claro. Y paciente. Explicó una y otra vez que se solicitaron 24 mil 650 millones de pesos, aunque eso no es lo que cuesta el INE. En realidad 5 mil 821 millones de pesos corresponden al financiamiento de los partidos políticos. Dinero que el INE sólo administra y que no será afectado por el recorte.

Una cifra similar, 5,743 millones de pesos, corresponden a una partida precautoria para la eventual realización de un ejercicio de revocación de mandato y otro de consulta popular (1,913.1 millones para la Consulta y 3,830 millones para la Revocación de Mandato). Ejercicios, por cierto, promovidos por el Ejecutivo desde su campaña electoral bajo el lema “en democracia, el pueblo manda”. Se explicó también que, si estos ejercicios no se realizan, los recursos serán reintegrados en su totalidad.

Es así que el INE solicita para operar poco más de 13,084 millones de pesos. 36% menos que en 2021. De este monto, una tercera parte se utiliza para expedir la credencial de elector, identificación oficial de las y los mexicanos gracias a la operación de 845 Módulos de Atención Ciudadana en donde diariamente se expiden 60,000 micas. Casi 10% se destina para los procesos electorales locales de seis entidades el próximo año donde se renovarán mismo número de gubernaturas y otro 30% para mantener la estructura permanente y operativa del Instituto en todo el país.

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Pero como dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y es que los legisladores de Morena y el Partido de Trabajo no sólo aprovecharon esa tribuna para denostar, provocar y agredir al consejero presidente, sino que no valoraron/escucharon/entendieron ni uno solo de sus argumentos. Insisten en que el monto que solicita para sí es de 24 mil millones; comparan distintos presupuestos en términos nominales, no reales, y con ello afirman, sin el menor empacho, que se solicita un aumento de 13% en comparación con el año 2019. Deducen, erróneamente, que las tareas de este año son “menos complejas” y castigan al Instituto por defender su autonomía.

Ya en la Consulta Popular de agosto pasado le negaron al INE los recursos que había solicitado para realizar sus funciones. La autoridad electoral tuvo que hacer uso de economías y de la inercia del proceso electoral federal que había ocurrido apenas hacía un mes. En la Revocación de Mandato esto será materialmente imposible pues no solo las condiciones temporales son distintas, sino que la ley obliga al INE a garantizar la integración de nuevas mesas directivas de casilla y habilitar la misma cantidad de mesas de votación que en el proceso electoral anterior. El trabajo de campo que se requiere y las tareas de capacitación y organización electoral absorben aproximadamente el 80% de los recursos que se solicitaron en este rubro.

De aprobarse el recorte presupuestal, la organización de la revocación de mandato sencillamente no será posible. Pero no será una decisión de la autoridad electoral, sino de los legisladores -y del Ejecutivo-. Será claro, entonces, que la revocación de mandato se toma como un asunto propagandístico más que como un genuino ejercicio de rendición de cuentas donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos políticos. Sin garantías materiales, la “voz del pueblo” simplemente no existe.

Dar atribuciones sin los recursos necesarios para cumplirlas es una trampa que busca debilitar al órgano electoral bajo el manto demagógico de la austeridad. En realidad, se amenaza su autonomía y se drena su funcionamiento. La democracia participativa no puede ser utilizada para debilitar a las instituciones clave de la democracia representativa.

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Ya lo decía Lorenzo Córdova en su comparecencia ante la Cámara de Diputados el pasado 5 de noviembre: “la democracia es nuestra circunstancia. Si no la salvamos y la defendemos, no nos salvaremos nosotros.” Y salvar a la democracia implica, irremediablemente, invertir en ella.

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Nota del editor:

Farah Munayer es maestra en Administración Pública Internacional por Sciences Po. Asesora del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Twitter @fmunayers

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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