El poder Judicial, un desafío para AMLO en su segundo tramo

Al no obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el mismo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que será difícil sacar las tres reformas (Ley de la Industria Eléctrica, Electoral y de la Guardia Nacional) que pretende el presidente en los próximo tres años.

“(Para) estas reformas que ha anunciado el presidente, tendremos que iniciar un proceso de construcción de consensos porque todas requieren modificación constitucional. Ojalá y lo logremos, son momentos difíciles de polarización, de división, pero hay que darle vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como Nación, para dar paso a una reconciliación nacional”, dijo el legislador, el pasado 19 de junio.

Conoce más:

presidencia

AMLO celebra 3 años de su triunfo con avances en sus reformas y retos nacionales

El politólogo Javier Martín Reyes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que en la primera mitad se vio un “montón de cambios constitucionales”, pero en el intento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de sacar reformas en el segundo tramo, el poder Judicial tendrá un “mayor papel”.

“Cualquier ley secundaria, acto administrativo está sujeto al control de constitucionalidad que tiene el poder Judicial, como no van a poder tan fácil la Constitución, le van a apostar a reformas secundarias y reformas administrativas que muy probablemente –como ha venido sucediendo– terminen en el poder Judicial y pues ya veremos si el poder Judicial está o no está a la altura”, dice.

Entre los asuntos atorados en la SCJN están la Ley de la Industria Eléctrica, actualmente suspendida, o la Ley de Hidrocarburos, así como el padrón de telefonía celular. Anteriormente se abrieron también frentes en la Corte en relación a proyectos prioritarios del gobierno como el aeropuerto Felipe Ángeles.

Para el abogado constitucionalista, Luis Pérez de Acha, es un “mal síntoma” que los “grandes temas nacionales se están judicializando” y cuando el juicio de amparo era una “excepción”, hoy es la “regla general". “Desafortunadamente la alta judicialización de los casos, evidencia que el gobierno y el Congreso no están respetando por sí mismos la Constitución”, considera.

Ve también:

presidencia

Los poderes Ejecutivo y Judicial pactan una reforma para "defender al pueblo"

Al respecto, el presidente ha acusado a ministros y jueces de responder a intereses y no al bien de la Nación, incluso los ha llamado corruptos. También ha pedido que se emprendan investigaciones, en particular contra el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien responsabiliza del freno a algunas de sus propuestas. “Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas. Es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas”, señaló en una de las conferencias matutinas.

Por eso, para el Ejecutivo, urge reforma al poder Judicial y ha insistido en que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea – a quien le ampliaron el periodo al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (encargado de vigilar y sancionar a jueces y magistrados)– es el único que puede llevar acabo esta “limpia”, aunque insiste en que es respetuoso del equilibrio entre los poderes.

“Yo soy muy respetuoso del equilibrio entre los poderes, de la autonomía y la independencia de los poderes, pero sí hace falta una reforma en el Poder Judicial, urge una reforma en el poder Judicial”, ha asegurado.

En la actual administración, se han elegido a tres de los 11 ministros de la Corte : Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat. Todos cercanos a López Obrador. A ellos se suma Zaldívar, quien aunque es una de las cartas de Felipe Calderón Hinojosa, se acercó al movimiento de López Obrador.

Zaldívar Lelo de Larrea se ha reunido varias veces con el presidente en Palacio Nacional al grado que en colaboración han trabajado la reforma al poder Judicial que López Obrador busca y que asegura solo él puede llevar a cabo. Además que llenado de buenos calificativos.

“El presidente de la Corte es una gente recta, íntegra, honesta, y es muy difícil en estos tiempos. No olvidemos que estamos enfrentando no solo una crisis económica, una crisis política, estamos enfrentando un proceso de degradación progresiva, una decadencia. Entonces, el presidente de la Corte es un hombre recto”, ha dicho.

El papel de la Corte en juego

Por una parte, el presidente tiene de su lado al presidente de la Corte, mientras que del otro ataca a los jueces que no le son afines. Al respecto, Martín Reyes sostiene que estamos viendo “como nunca un intento por presionar y atacar al poder Judicial desde el púlpito presidencial” y en ese sentido expresa que la estrategia que ha seguido Zaldívar es de tratar de mostrar colaboración.

“Es inédito que una reforma judicial se haya trabajado entre el poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el que el presidente haya ido a la mañanera y que el presidente le firme una iniciativa que ellos mismo hicieron”, señala.

Te puede interesar:

presidencia

"No aceptamos que haya corrupción en el Poder Judicial": AMLO

La advertencia del presidente de reformar al poder Judicial, condujo a la Corte a no resolver los litigios que se han presentado de los cambios de esta administración para evitar el costo político ante la posibilidad de una reforma que le quite la última palabra, lo que se hizo más complicado con los resultados electorales del 6 de junio, donde Morena y sus aliados perdieron la mayoría necesaria para modificar la Constitución.

“La Corte lo que haya hecho es guardar y no resolver, evitar el costo político de resolver en un sentido u otro, creo que el hecho que la fragmentación política sea más grande abre un poco la puerta para que la Corte esté un poco menos temerosa de que se haga una reforma constitucional”, comenta el politólogo.

En ese sentido, el poder Judicial retomará un papel importante en la segunda mitad del gobierno de López Obrador, en la que busca consolidar su “cuarta transformación”. A lo que Javier Martín Reyes plantea que se verá si la Corte es realmente independiente aunque en el pleno tres de los ministros se nombraron en esta administración y uno más se designará en diciembre, y ya se vio un momento de “claudicación” con la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.

“La consulta popular es una de las grandes claudicaciones de la Suprema Corte, no supo ponerle límite al presidente y tan es así que en agosto vamos a ir a votar una consulta popular que nadie sabe para qué es (…) ahí claramente la Corte falló, claudicó, no se tomó en serio su papel, esperaría que veamos menos de eso de la Corte en esta segunda mitad y que por más que el presidente haya nombrado a tres y otro en diciembre, esperaría que en temas importantes, la Corte tenga un mayor margen”, afirma.