El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como constitucional la propuesta para realizar este proceso, pero cambió la pregunta que se hará para quedar de esta manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Para el presidente, sus antecesores que están en la mira son Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), por razones como que “entregaron bienes de la nación”, “convirtieron deudas privadas en públicas”, por “traidor a la democracia” y por desatar una “guerra” sin sentido, así como “actos evidentes de corrupción”.
La consulta provocó un nuevo conflicto con el INE, encargado de la realización del ejercicio, debido a que se le recortó el presupuesto este año y vio reducidos sus recursos para ello, aunado a que no se realizó el mismo día que las elecciones de este año, como marca la Constitución.
Al respecto, López Obrador señaló que no se cambió la fecha porque el bloque opositor en el Congreso no aceptó porque aseguró no les gusta la democracia participativa. “Es algo ilógico, absurdo, porque bien se pudo en la pasada elección poner una mesa con boletas y de esa manera garantizar más participación ciudadana”, comentó.
