Y hay más casos. Fue Geo, una desarrolladora, quien construyó miles de casas de interés social que terminaron abandonadas por sus malos acabados o por su carencia de servicios públicos. Fue Grupo Higa, otra constructora, quien le facilitó a Peña Nieto la “Casa Blanca” y a Luis Videgaray su casa de Malinalco –detonando con ello evidencia de un fuerte conflicto de interés en la asignación de la construcción del tren México-Querétaro.
No hay un solo sexenio o gobierno que la libre. Fueron Aldesa, Epccor, Orva Ingeniería y SACC Ingeniería las cuatro empresas que construyeron el Paso-Exprés que terminó convertido en un socavón en la autopista México-Cuernavaca. Fueron múltiples constructoras las que edificaron partes del tren México-Toluca que terminará costando al menos el doble de lo que se planteó originalmente. Y que sigue absorbiendo, hasta el día de hoy, dinero del presupuesto.
Así, con la obra pública en México quienes se enriquecen son las constructoras, quienes se llevan los réditos electorales son los políticos y quienes ponen los muertos somos todos los mexicanos. Y ello no fue diferente con Carso Infraestructura y Construcción quien llevó a cabo el tramo de la línea del metro 12 que colapsó hace cerca de un mes. Todo indica que el colapso se debió a “descuidos” en su construcción.
En vista de todas estas tragedias, sin embargo, la industria de la construcción y sus principales asociaciones continúan en silencio. Se ha acostumbrado a permanecer calladas, esperando que pase el escándalo, y esperando que lleguen nuevos contratos. Su silencio es su complicidad.
