De acuerdo a este medio, la asociación delictuosa conformada por Peña Nieto y Videgaray canalizó de abril de 2013 a agosto de 2014, casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya.
Ha pasado más de un mes de que Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador de la República, imputado por la FGR por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fue ingresado en prisión preventiva.
El exsenador es el único detenido por las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en contra de 16 políticos entre los que están exsenadores, expresidentes de partido y exdiputados.
Según documentos relacionados con las audiencias privadas de Lavalle Maury de los días 8 y 12 de abril, a los que tuvo acceso el medio, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez federal, consideró que “el justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”.
Según se cita, el juez dejó de manifiesto que esta asociación criminal permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190,000 pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.
La entrega del dinero se habría realizado siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.
Según se menciona en el texto, todas las pruebas para iniciar esta investigación se sostienen en declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibos de pagos, transferencias y videos. Así como en tres declaraciones de Lozoya, y de cuatro personas más que participaron, indirecta o directamente, en la entrega de dinero a los legisladores.
De acuerdo a lo publicado este lunes, en la audiencia los fiscales explicaron al juez que para facilitar la aprobación de la reforma energética Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna que lideraba la comisión de Energía del Senado y el panista Lavalle Maury, quien era integrante de la misma.
El rol de Lavalle, según se señala, era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.
