Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de la organización Tojil, y Miguel Garza, investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde), afirman que la Fiscalía General de la República aún no logra ser 100% autónoma al poder, por lo que involuntariamente suele operar como el brazo jurídico de la autollamada 'cuarta transformación'.
“En los dos años que lleva el fiscal, ha estado en casos más ligados a intereses políticos que en seguir su mandato de persecución del delito”, afirma Greaves Muñoz.
Una estampa que ilustra lo anterior es lo sucedido el pasado 24 de febrero. A pesar de seis meses de ausencia en la vida pública, Gertz Manero acudió a la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para presentar un reporte de lo decomisado a la delincuencia organizada, pero sobre todo para informar de la solicitud del juicio de procedencia en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y para aclarar que no se trataba de una venganza política.
“No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza”, aclaró el fiscal .
Pero ha habido otras más. En agosto de 2020, el presidente planteó que sería importante conocer la denuncia que había presentado Emilio Lozoya Austin, luego de que se hubieran difundido videos en los que presuntamente se veía a extrabajadores del Senado recibiendo dinero como posible pago para que legisladores votaran a favor de la reforma energética. En cuestión de horas , se difundió completa la denuncia de 63 hojas en las que el exdirector de Pemex acusó a tres expresidentes, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y a una decena de legisladores.
