¿A quién defendemos, al INAI o al derecho a la información?

Aquí se presenta un falso dilema: ¿si el Estado no puede garantizar estos derechos, debemos renunciar a esa aspiración? Por supuesto que no, la exigencia del México en que merecemos vivir y nuestra responsabilidad cotidiana en su construcción deben ser inclaudicables, por lo que si queremos que las promesas constitucionales rebasen su carácter de enunciación retórica y se vuelvan realidad para todos los mexicanos; entonces, debemos poner mucha atención en la esencia del derecho que se nos promete y las posibilidades reales del Estado para hacerla realidad. Vamos, si el derecho es la vacuna, la institución es la hipodérmica que hace posible su aplicación.

Dentro del desfile de falacias, partidarios del desmantelamiento del Estado mexicano como lo conocemos, han comenzado a prescribir una receta paradójicamente neoliberal: “desaparezcamos las instituciones constitucionalmente autónomas porque nos salen muy costosas y mejor concentremos en el Ejecutivo la responsabilidad de cumplirle a los mexicanos”. Mas allá de lo profundamente antidemocrático que implica una concentración del poder a mansalva, el “argumento” centrado en costos pretende maliciosamente confundir conceptos de costo y valor. Mientras que los costos son expresiones monetarias que permiten establecer una dimensión, el valor es lo que se obtiene como una referencia del beneficio que obtenemos a cambio de una inversión. De esta forma, parafraseando a Derek Bok, no faltará quien crea que la educación cuesta muy cara, hasta que compara su costo con el de la ignorancia.

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De esta forma, nada más caro que un Estado que se aleja de su esencia de garante de los derechos de sus ciudadanos para convertirse en el instrumento de los caprichos de una camarilla y su líder. Eso sí que sería el mas caro de los escenarios al que corresponde oponerse a todo mexicano con aprecio por sus libertades y el sacrificio que implicó conquistarlas. Conquista en la que participaron compatriotas de izquierda, derecha y centro, para legarnos una frágil democracia, precaria quizás, pero mucho más valiosa que el antecedente del que salimos, ese imperio sexenal de un solo hombre.

Volviendo al punto, un derecho sin presupuesto es un poema cursi, palabrería fatua que se burla del fin de una Constitución y su Estado, los derechos no son solo manifestaciones de nuestra intención como sociedad, sino propósitos compartidos cuya importancia es reconocida por todos y por ende encomendamos al Estado que éstos se garanticen, se materialicen y eso, cuesta, por supuesto. Para conducir la inversión y evitar que esa búsqueda se vuelva la enésima fuga inútil de recursos públicos, se requiere de instituciones que de manera profesional y metódica ejecuten las acciones que nos llevan de la retórica a la realidad.

Algunos derechos, como el acceso a la información, resultan esenciales no solo para el bienestar de la ciudadanía sino para la salud misma de la República, su cristalización no implica solamente establecer una serie de medidas y procedimientos para que podamos consultarlos, sino garantizar dicho acceso a costa de los deseos de los poderosos, de todo partido, que naturalmente prefieren mantener en la oscuridad aquellos datos que comprometen su gestión. La lucha entre democracia y demagogia que atestiguamos en varios países del mundo es, en el fondo, una lucha por la verdad, para que esta no sea definida a capricho de nadie, sino basada en los hechos sólidos y verificables.

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Para que el acceso a la información no dependa de la voluntad de las élites que nos deben cuentas a todos, debemos contar con una institución con los suficientes recursos constitucionales y presupuestales para garantizar dicho acceso a costa de tan aviesas intenciones. Aunque efectivamente encontramos múltiples falencias en términos de designaciones de titulares de órganos garantes y en el cumplimiento cabal de sus obligaciones, el acceso a la información se fortalece con pasos hacia adelante y no con involuciones autoritarias. Esta arremetida debe ser una invitación a reconocer y trabajar en todas esas grietas y no a demoler nuestro edificio.

Por lo tanto, defender al INAI en esta coyuntura, es defender la apuesta institucional por la garantía de un derecho consustancial a toda democracia, el derecho a saber. Plantear un falso dilema entre uno u otro es como “garantizar” el derecho a todo mexicano a conocer Europa, siempre y cuando sea bueno nadando.

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Nota del editor: el autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.