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#BuróParlamentario | Traje a la medida: reglas para reelegir diputados en 2021

Diputados de un Congreso ineficiente, que no pudieron cumplir con sus responsabilidades, buscan mantener control sobre el proceso de reelección de legisladores en 2021.
lun 30 noviembre 2020 11:58 AM
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Los diputados actuales buscan ser ellos quienes fijen las reglas para su propia reelección.

Los detalles normativos sobre la forma en que se llevará a cabo la reelección inmediata de nuestros diputados federales, aún están en el aire. Este escenario de incertidumbre a unos cuantos meses de que se celebre la elección se lo debemos a nuestros legisladores, quienes fueron omisos al mandato constitucional que los obligaba a concretar las leyes secundarias para regular su reelección.

Debido a esta omisión, la publicación de las particularidades normativas en materia de reelección, recayeron en el árbitro electoral.

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Atendiendo esto, el INE presentó a mediados de noviembre una propuesta inicial de reglamentación, misma que fue discutida en las comisiones de Género y No Discriminación y Prerrogativas y Partidos Políticos. Tras un largo debate, los representantes de los partidos rechazaron la propuesta unánimemente. Su descontento derivó principalmente de que el proyecto del INE preveía la separación del cargo (por al menos 60 días) de los legisladores que buscaran reelegirse. Ante el rechazo de los partidos, la votación del proyecto quedó pospuesta para inicios de diciembre.

Vale la pena recordar que, al solicitar licencia de su cargo, los diputados no solamente cesan en el ejercicio de sus funciones legislativas, sino que se les restringe el acceso a una bolsa de aproximadamente 50 millones de pesos mensuales que obtienen los partidos a manera de “subvenciones”, manejadas de manera discrecional por los coordinadores de las distintas bancadas. Sin mencionar que en caso de ser obligados a dejar su curul, los futuros candidatos le estarían diciendo adiós a otros 125 mil pesos mensuales por concepto de “apoyo legislativo” y “transporte aéreo”.

Pero la rabieta de los representantes partidistas ante el proyecto inicial del INE, no es el fin de esta historia. El pasado jueves, se subió a la Mesa Directiva un acuerdo con una “versión alternativa” de lineamientos hecha por los diputados. Dicho acuerdo (avalado por 454 de 463 diputados presentes) menciona que “ante la carencia de un marco legal secundario para la elección consecutiva, la Cámara de Diputados considera relevante adoptar un instrumento de régimen interior para establecer el derecho político de los diputados de buscar su reelección”.

Un importante aspecto que, por obvias razones, dicho documento omite mencionar es que la “carencia de reglamentación” fue producto de la incapacidad de nuestros diputados para hacer su trabajo. Pero lo más llamativo del acuerdo es cómo los legisladores se pronunciaron por una interpretación de mínimos jurídicos al afirmar que las limitaciones constitucionales expresas a la reelección surgen exclusivamente para el número de periodos consecutivos en que un ciudadano puede ocupar el cargo, y el partido por el que podrán ser postulados. De funcionar bajo estas reglas, aspectos importantes que el INE buscaba incluir en su reglamento, como el que un legislador deje su cargo para garantizar equidad en la contienda o que deba reelegirse por el mismo distrito para promover la rendición de cuentas, serían opcionales. Así, el mencionado acuerdo se decanta por un modelo de máxima permisividad para los diputados donde el resguardo de sus derechos ciudadanos se ubica por encima del interés del representado, declarando de antemano como excesiva, cualquier restricción más allá de las previstas por el texto constitucional.

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Si bien los acuerdos de las Cámaras son resoluciones relativas al régimen interior de estos órganos, su propia naturaleza las restringe a las funciones parlamentarias. Siendo la reelección ajena a la función parlamentaria, este acuerdo debería ponderarse inválido como antecedente para cualquier controversia iniciada por algún legislador. Sin embargo, se debe adelantar que aun ante esta consideración, el panorama sigue siendo más favorable para un conjunto de reglas hechas “a modo” para los diputados, aunque poco funcional para los ciudadanos y escasamente útil para la representación política.

Cuando se han presentado este tipo de situaciones contenciosas en el orden local, los tribunales se han decantado a favor de los derechos políticos de los diputados. Tal fue el caso de Camilio Torres Mejia, diputado de la XIV Legislatura del Congreso de Baja California Sur, quien promovió un juicio contra de la disposición normativa del OPLE correspondiente que solicitaba su separación del cargo. El tribunal electoral de tal entidad resolvió a favor del diputado.

Asimismo, en el Estado de México, los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano impugnaron la ley electoral local que contemplaba la misma restricción. El tribunal electoral de la entidad resolvió en contra y prevaleció tal disposición normativa. Sin embargo, tales partidos apelaron la decisión y la Sala Regional del TEPJF el cual resolvió a favor de las organizaciones políticas por lo que los diputados que buscaban la reelección podían permanecer en su curul.

A cualquier ciudadano medianamente interesado en lo que pasará con México en unos años debería llamarle la atención que, a pesar de haber tenido cerca de seis años para generar una ley secundaria, los diputados hayan esperado a que se venciera su plazo para presentar una ocurrencia reglamentaria que parece más un traje a la medida que una norma con miras de estado.

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Es por ello que este singular episodio sobre la aprobación de las reglas para la reelección inmediata es tristemente, una muestra significativa del funcionamiento de nuestro sistema político. Un Congreso ineficiente, que no puede cumplir con sus responsabilidades mínimas. Unas anquilosadas élites partidistas que luchan por mantener control sobre políticos y candidatos mediante el uso discrecional de recursos que generamos los contribuyentes. Y un órgano electoral que, en su intento por mantener la democracia a flote, es posible que se vea superado por un absurdo orden jurídico donde prevalen las libertades y los derechos de los políticos por encima del interés de los representados.

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Nota: Sergio A. Bárcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buró Parlamentario.

Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamento

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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