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#BuróParlamentario | Los límites democráticos de una mayoría

Que un gobierno cuente con una mayoría no significa, entonces, que todas sus acciones y decisiones sean democráticas.
lun 02 noviembre 2020 11:59 PM
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En la Cámara de Diputados se han presentado protestas en contra de la aplanadora morenista.

Desde que los griegos diseñaron la democracia y los principales países occidente la reinterpretaron en su formato representativo, la regla de las mayorías se ha planteado como un método eficiente para resolver preguntas comunes a todas las sociedades: ¿qué decisión?, ¿qué gobernante o qué partido político preferimos por encima de otros? Las mayorías que se expresan de manera libre, en efecto, reflejan con cierta nitidez las preferencias ciudadanas en un momento determinado.

Sin embargo, los propios griegos encontraron un enorme riesgo en su invención política. En el siglo II a.c., Polibio clasificó a la oclocracia (gobierno de las mayorías sin límites ni orden) como la peor forma de gobierno posible a la que podía llegar una ciudad. Incluso, uno de los más férreos defensores modernos del gobierno mayoritario (Juan Jacobo Rousseau) expresó su temor ante un dislocamiento entre la voluntad que expresa la mayoría del pueblo y las decisiones que terminan tomando aquellos que fueron apoyados por la mayoría para conformar el gobierno. A ello, Stuart Mill agregó que las mayorías representan uno de los mayores riesgos para los individuos quienes quedan desprotegidos contra la tiranía de una opinión supuestamente respaldada por los muchos.

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La única forma de evitar que un gobierno mayoritario se convierta en un riesgo para sus ciudadanos y para la preservación de la propia democracia es atendiendo límites básicos como: a) mantenerse sensible ante las demandas de los ciudadanos como lo adelantó James Madison; b) respetar los derechos y la propiedad de los individuos, de acuerdo con John Locke y la Declaración Universal de Derechos Humanos), y c) preservar tanto el estado de Derecho como los procesos para la modificación de las leyes, según lo advirtieron Kant y Montesquieu.

Existen, asimismo, otros límites que, si bien no son de carácter institucional, tienen un contenido ético de enorme trascendencia para las democracias. Estos consisten en preservar los valores de la democracia y el interés colectivo por encima de los objetivos estratégicos del partido que conforma a mayoría; y gobernar para todos, incluyendo aquellos que no forman parte del proyecto mayoritario.

Si consideramos lo anterior –que no exige militar con alguna ideología o tener simpatía más que por los más básicos principios democráticos– sabremos que una mayoría electa no es solo un resultado político sino una responsabilidad moral. En caso de no entenderse así, una sociedad corre el riesgo de que una élite insensible a sus necesidades, irrespetuosa de sus reglas e interesada en eternizarse en el poder, secuestre a la democracia, en nombre de la mayoría.

Por desgracia, nuestro pueblo conoce lo que es estar gobernado por una mayoría que, durante 70 años, desconoció los linderos mínimos de una democracia responsable. Mientras gobernó un partido hegemónico en el país, las peticiones más sentidas de diferentes partes de México (campesinos, mujeres, pobres, indígenas y obreros) quedaron al margen del pacto político. México supo también lo que era tener una mayoría en el Congreso que reformaba y reacomodaba las reglas electorales a su antojo para nunca perder su condición de partido en el poder, incluso si eso significaba sofocar las expresiones políticas disidentes. México vivió en carne propia la impotencia de ver cómo la mayoría parlamentaria daba vuelta a los procesos de creación de ley y excluía a la oposición de su derecho a formar parte de la deliberación democrática.

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Nuestro pueblo experimentó lo que era tener un Poder Legislativo sobrepasado por los poderes partidistas del presidente que asemejaba más a un ente todopoderoso que un coordinador de la administración pública. Y todo lo hizo una mayoría que los ciudadanos elegían democráticamente cada tres o seis años.

Es cierto que, en los comicios de 2018, una mayoría que no se aglutinaba alrededor de algún proyecto político desde 1997, avaló que el actual presidente contara con un contingente mayoritario en el Congreso.

No obstante, hemos revivido varios episodios donde la mayoría viola los linderos éticos y normativos del acuerdo democrático.

En primer lugar, se puede decir que la mayoría ha ejercido una sensibilidad a conveniencia en el Congreso. Si bien el grupo mayoritario ha organizado ejercicios de parlamento abierto para ciertas decisiones como la ley de amnistía o las reformas al sistema de salud, ésta se ha negado a hacerlo en temas que consideró “prioritarias” como la extinción de fideicomisos o la aprobación del paquete económico para 2021.

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Asimismo, no hay que olvidar la violación explícita a la norma para nombrar a la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien además de haber sido militante partidista un año antes de ocupar el cargo, llegó al mismo en una votación por cédula plagada de irregularidades.

Qué decir de la semana en que la mayoría en el Congreso organizó una reforma jurídica para acomodar las leyes en favor de una persona para que ésta ocupase la titularidad del Fondo de Cultura Económica pesar de su nacionalidad. Otro caso fue cómo al inicio del segundo año de la actual legislatura, varios diputados engrosaron las filas de un partido político para intentar que la Mesa Directiva quedara en manos de la coalición mayoritaria.

Por otra parte, la trasgresión a normas constitucionales (como la violación al artículo 129 con el traspaso de funciones de la marina mercante a la Semar), es muestra de cómo la mayoría también puede violentar los principios del Estado.

Que un gobierno cuente con una mayoría no significa, entonces, que todas sus acciones y decisiones sean democráticas. Más que un estado definitivo de las sociedades, la democracia ha demostrado ser un arreglo frágil que expone su vulnerabilidad ante el autoritarismo cuando el gobierno es ocupado por una mayoría indispuesta a asumir su responsabilidad y que justifica toda acción por el mero hecho de “ser mayoría”.

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Nota: Sergio A. Barcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buró Parlamentario.

Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamento

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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