A menos de un año para que se dé una de las elecciones intermedias más importantes que tendrá nuestro país en su historia moderna, siete agrupaciones políticas se perfilan para aparecer como partidos en las boletas electorales.
Si estos siete grupos obtuvieran su registro, el 6 de junio de 2021, los ciudadanos tendremos para elegir entre 14 opciones (más los independientes), lo que representaría el mayor número histórico de partidos en una boleta federal.
A manera de recordatorio, el año en que más partidos compitieron en una elección federal fue 2003. En aquellos comicios las boletas traían impresos un total de 11 logotipos partidistas, producto de un proceso de centrifugación del PRI y otras fuerzas políticas. Después de ese punto cumbre de atomización partidista, nuestro sistema de partidos vivió un proceso de estabilización llegando a tener un mínimo de siete institutos políticos en las elecciones de 2009 y 2012.
Posteriormente, tras un conjunto de escisiones importantes en la izquierda y el surgimiento de liderazgos locales que lograron ampliar sus bases de apoyo a nivel nacional, en los procesos de 2015 y 2018 el sistema volvió a crecer hasta llegar a 10 partidos.
Un “pequeño detalle” que olvidé mencionar al inicio de la columna es que de los siete nuevos grupos que aspiran a competir en el proceso electoral, siete fueron multados esta semana con sanciones entre 63 mil y casi tres millones de pesos, por irregularidades que van desde la recepción de aportaciones de personas no identificadas hasta el uso de aplicaciones digitales para impedir la identificación de quienes les aportaron bienes o servicios.
Más allá de las multas pecuniarias –que ya nos dan una idea de lo dispuestos que están estos proto-partidos a seguir las reglas del juego democrático– vale la pena tener en cuenta que algunos de estos se sostienen sobre sindicatos, otros son un mero reciclaje de partidos que perdieron su registro recientemente, otros funcionarán como satélites de partidos más grandes y algunos no son más que el capricho personal de ciertos personajes para volver a la política. Vale la pena tener esto en cuenta para que cuando en 2021, alguno de estos partidos salga disfrazado de paladín-ciudadano-autónomo de la democracia, pensemos bien si darle o no nuestro voto.
¿Qué efectos puede tener en la Cámara de Diputados la confirmación de estas asociaciones como nuevos partidos políticos?
A pesar de que algunas encuestas prevén que, por desgaste natural, Morena podría reducir su porcentaje de escaños en 2021 con respecto de 2018, la entrada al sistema de alguno de los partidos que ya han declarado oficialmente su afinidad con la 4T podría amortiguar ese descenso previsto en la intención ciudadana de voto.
Si bien las reglas electorales impiden a los partidos que compiten por primera vez establecer coaliciones totales o parciales con cualquiera otra fuerza política, esto no impide que, una vez electos, los diputados voten en bloque, como se ha visto recientemente con los diputados del Partido Verde apoyando a la 4T en más del 90% de las votaciones plenarias de la 64 Legislatura.
Cabe mencionar que de los siete posibles partidos nuevos, cuatro de ellos (Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fuerza Social y Súmate a Nosotros) han declarado oficialmente su apoyo al proyecto del presidente López Obrador.
Para dimensionar esta “ayuda” que obtendría la 4T tomemos como referencia el proceso electoral 2018. Entre los partidos que menos votos obtuvieron fue el PT. Con un 4.3% de la votación nacional emitida al partido le bastó para tener nueve diputados de Representación Proporcional.
En este entendido, bastaría con que dos de los posibles nuevos aliados de la 4T obtuvieran los votos para mantener el registro (más del 3% de la votación) y aun sin ganar en ningún distrito podrían darle a la coalición en el gobierno cerca de 16 diputados. En un mejor escenario (que los cuatro mantuvieran el registro), Morena tendría alrededor de 30 nuevos aliados de facto en la Cámara (un nada despreciable bono del 6% en su fuerza dentro de la Cámara).
Por otra parte, la coalición pactada entre Morena, PT y Partido Verde para el proceso 2021, le seguirá dando al grupo en el gobierno un margen de sobrerrepresentación del 24%. Es decir, este bloque podrá tener 24% diputados más con respecto de su porcentaje obtenido de votos. Tal como ocurrió en esta Legislatura, la coalición en el gobierno no se verá castigada en la repartición de diputados plurinominales, además de que podrá hacer los ya conocidos “préstamos” de diputados entre los partidos que integrarán su bloque para pelear la presidencia de comisiones legislativas o la Mesa Directiva
México Libre (el partido de Felipe Calderón y margarita Zavala) se ha planteado como la “verdadera oposición” a Morena. Sin embargo, algunas encuestas prevén que su peso no será mayor al 10% de la asamblea (lo cual ya parece exagerado) además de que tendrán la labor de diferenciarse de la bancada del PAN (su principal rival de mercado). Por lo que su papel en la 65 Legislatura (en caso de obtener el registro) será el de una oposición simbólica al bloque mayoritario.
En conclusión, es posible que la elección de 2021 tenga nuevos actores que desde antes de competir ya han violado las reglas; que usarán recursos públicos; que hicieron a la autoridad electoral gastar recursos en su revisión; que no provienen de una verdadera representación ciudadana y que servirán ya sea para amortiguar un posible declive en el voto por la coalición gobernante o bien para criticar todo lo que haga el gobierno.
Por todo esto resulta difícil pensar que los nuevos partidos contribuirán a mejorar nuestra democracia.
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Nota: Sergio A. Barcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buro Parlamentario.
Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.
Twitter: @BuroParlamento
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