Discutir la política de seguridad más allá del antagonismo entre AMLO y Calderón

Pienso, por ejemplo, en la falsa equivalencia entre el uso de la fuerza por parte del Estado y la “represión” o la “mano dura”, en la fórmula –que López Obrador suele repetir sin hacer distinciones que la califiquen o maticen– de que no se debe “querer apagar el fuego con el fuego, enfrentar la violencia con violencia. ¡Nunca más!” . Es verdad que los operativos conjuntos que lanzó Calderón durante los primeros años de su sexenio t uvieron el efecto contraproducente de aumentar los homicidios . Es cierto que la estrategia punitiva de detener o abatir indiscriminadamente a sus líderes desestabilizó a las organizaciones criminales, propiciando su fragmentación , y produjo una acelerada dispersión geográfica de su presencia, así como una creciente diversificación de sus actividades delictivas. Y es evidente que todo aquello vino acompañado de mucha crueldad: abusos de poder, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, en fin, un largo y doloroso catálogo de arbitrariedades y agravios.

Sin embargo, que la política de seguridad del calderonismo haya sido una catástrofe no significa que la solución sea renunciar al uso de la fuerza como instrumento para hacer frente a la violencia criminal. ¿Qué evidencia avala semejante conclusión? ¿En qué casos, dónde, cuándo, ha sido esa una lógica exitosa para pacificar un país? ¿Para qué se creó entonces la tan criticada Guardia Nacional? ¿Solo para perseguir migrantes? ¿Para qué existen las policías, el entrenamiento especializado, los estándares internacionales, las reglas y los protocolos? Aunque el calderonismo haya fracasado, sigue siendo obligación primordial del Estado garantizar la integridad física de las personas y sancionar las conductas ilícitas. La alternativa a los excesos y la brutalidad de la guerra de Calderón no es, no puede ser, rendirse ante la delincuencia ni resignarse a la impunidad.

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La violencia, además, no ha permanecido constante durante la última década. Como muestra la siguiente gráfica del INEGI , la tasa nacional de homicidios ha variado de forma significativa: no son lo mismo los niveles ni la tendencia de 2008 a 2011 que de 2012 a 2014-2015 o que de 2016 en adelante.

En particular, durante el último año de Calderón y los dos o tres primeros de Peña Nieto ocurrió que la tasa pasó de 24 (2011), a 22 (2012), a 19 (2013) y a 17 (2014 y 2015). Repudiar merecidamente la política calderonista por lo que pasó antes del 2012, o la peñanietista por el repunte que vino a partir de 2016, no debería impedirnos registrar que durante esos tres o cuatro años, entre 2012 y 2014-2015, hubo una disminución de casi 30% cuyas causas no hemos sabido identificar, de la que no parecemos interesados en aprender y ni hemos siquiera intentado, en la medida de lo posible, tratar de replicar. Si la prioridad es reducir la violencia y salvar vidas, ¿no deberíamos estar discutiendo eso?

La preocupación por la violencia no es mera expresión del “conservadurismo” de quienes aún no superan su derrota, ni tampoco es solo producto de una campaña que promueven los “adversarios” del presidente con el objetivo de perjudicarlo. Es algo que viene de mucho tiempo atrás, que comparten sectores de todas las preferencias políticas y franjas socioeconómicas, a lo que incluso apeló el ahora presidente cuando era candidato. ¿Acaso con su triunfo dejó de ser legítimo exigir resultados en esta materia? ¿O es que bajo su gobierno la agenda de víctimas, la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición, va a ser considerada “de oposición”?

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La insatisfacción ciudadana con la política de seguridad de López Obrador (o con la falta que le hace una) no implica, no tiene por qué implicar automáticamente, una reivindicación de la política calderonista. Plantearlo en esos términos es útil para el presidente y sus simpatizantes, quizás hasta para el propio expresidente Calderón y los suyos. No obstante, esa utilidad política estorba cuando lo que hace falta es una política pública que sirva para atender el problema, no nada más para aprovecharse de él.

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