En nuestro país hablar de discriminación suele remitir, por lo regular, a cuestiones de género, clase, origen étnico o discapacidad; no obstante, hay un grupo social que, a pesar de representar un sector creciente de la población, enfrenta de manera silenciosa una exclusión sistemática.
La discriminación hacia adultos mayores en México, la historia que no se cuenta
La lucha contra los estigmas culturales contra este grupo de la población es, en última instancia, una apuesta por la dignidad humana en todas sus etapas.
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La discriminación por edad se ha convertido en un obstáculo para garantizarles una vida digna, plena y libre de violencia, en virtud que los prejuicios hacia los adultos mayores están profundamente arraigados en la cultura, pues desafortunadamente se les asocia con la enfermedad, lo obsoleto o la carga económica.
La Constitución mexicana reconoce el derecho a la igualdad y a vivir sin violencia, así como que el acceso a la justicia debe ser universal y sin discriminación; sin embargo, la brecha entre el marco normativo y la realidad es enorme por lo que, ante tales circunstancias, dentro del derecho mexicano se ha pautado que a este grupo debe reconocérsele como vulnerable y dejarle un mayor rango de protección, esto es, establecer un suelo parejo dentro de los procedimientos jurisdiccionales.
La vulnerabilidad de los adultos mayores en los procesos judiciales no es una condición “natural” de la edad, sino el resultado de contextos sociales y estructurales, en virtud que encuentran barreras procesales: los juicios suelen ser largos, complejos y con lenguaje técnico, lo que dificulta la participación directa de las personas mayores.
De igual, forma, existen limitaciones físicas o de salud y enfermedades crónicas que pueden restringir su presencia y atención en audiencias, entre otros, como estereotipos culturales, sociales y de condiciones económicas, porque, muchos adultos mayores carecen de recursos para contratar representación legal adecuada.
Estas circunstancias generan una desventaja estructural que coloca a este sector en riesgo de discriminación y de acceso limitado a la justicia, lo que se traduce en: demoras procesales que, dada su edad, equivalen a denegación de justicia, de ajustes razonables, como audiencias accesibles, plazos flexibles o lenguaje comprensible.
Asimismo, existe un trato indigno en tribunales o servicios auxiliares de justicia que se manifiesta en falta de empatía jurídica con este grupo vulnerable, por lo que, debido a la reforma judicial y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la atención al público en general y sobre todo a las personas que pertenecen a grupos vulnerables debe ser mejor y más eficaz, buscando acercar la justicia a la sociedad mexicana.
Por eso deben tomarse retos y medidas necesarias para garantizar que las personas adultas mayores no sean revictimizadas en los juicios, tales como los ya existentes protocolos para juzgar con diversas perspectivas, en el caso, de edad; ajustes en el procedimiento, para poder reducir, legalmente, tiempos y trámites innecesarios; capacitación de personas juzgadoras de jueces en esta materia y sobre todo en derechos humanos, así como infraestructura accesible en tribunales y uso de lenguaje claro en resoluciones.
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En este sentido, debemos trascender hacia una nueva cultura de la vejez, no sólo jurídica, sino social, que permita enfrentar este fenómeno. No se trata únicamente de diseñar políticas públicas, sino de modificar la manera en que concebimos el envejecimiento, revalorar a los adultos mayores como sujetos de derechos y proporcionarles las técnicas y herramientas jurídicas que les permitan gozar de un derecho de acceso a la justicia.
Entonces, hablar de discriminación hacia los adultos mayores no es hablar de “otros”, sino de nosotros mismos en unos años. La lucha contra los estigmas culturales contra este grupo de la población es, en última instancia, una apuesta por la dignidad humana en todas sus etapas. Reconocerlo implica dejar de mirar la vejez como un problema y comenzar a verla como una parte esencial de la vida que merece respeto, inclusión y oportunidades.
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Nota del editor: Francisco Aja García es Doctor en Derecho. Síguelo en todas las redes sociales como @SoyFcoAja Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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