Lecturas alternativas sobre la reducción de los homicidios

Miremos todas las hipótesis

Para sostener que nuestro país atraviesa un proceso real de pacificación no basta con registrar el descenso de los homicidios. La pregunta clave es por qué ocurre y qué condiciones permiten su persistencia. La primera duda inevitable es si podemos hablar de cifras confiables en contextos de precariedad institucional y diversificación criminal. Por ello, antes de atribuir la disminución a una sola causa, conviene ampliar el abanico de hipótesis.

Es cierto que el uso de inteligencia y coordinación institucional marca una diferencia respecto al pasado inmediato, y esa hipótesis merece ser reconocida. La estrategia de Sheinbaum parece distanciarse de la improvisación y la militarización indiscriminada que caracterizó a sexenios anteriores. El énfasis en la coordinación interinstitucional y la centralización de información puede estar rindiendo frutos, y negarlo sería injusto.

Pero también pueden intervenir factores locales, como políticas estatales o municipales con cierto soporte teórico que estarían teniendo impactos regionales. Otra posibilidad es la inconsistencia de los datos, ya sea por manipulación deliberada de las cifras o por errores derivados de incompetencia y falta de homologación de criterios, o incluso por una combinación de ambos.

Finalmente, está la hipótesis del régimen criminal: cuando un actor delictivo establece las reglas del juego en lo político, económico o social, la violencia homicida puede volverse más puntual y traducirse en un descenso de asesinatos. En este mismo escenario, la recomposición o consolidación de un régimen criminal puede llevar incluso a la desaparición deliberada de cadáveres como estrategia para evadir la atención del Estado.

Existe evidencia que hace plausibles todas estas hipótesis: desde comportamientos anómalos en los datos asociados a la violencia letal , pasando por la implementación de modelos prometedores de seguridad y justicia en el ámbito local, hasta indicios claros de reacomodos en las dinámicas criminales. La seguridad, en México y en cualquier país, es siempre el resultado de múltiples fuerzas que interactúan entre sí y que sólo un análisis integral puede desentrañar.

El espejismo nacional

El entusiasmo por los datos nacionales es comprensible. Sin embargo, los promedios agregados tienen poca fertilidad analítica: ocultan el comportamiento diferenciado de la violencia a nivel local, impiden identificar focos rojos y mucho menos explicarlos. En sentido inverso, tampoco ayudan a entender por qué la violencia se ha reducido en ciertas regiones. En ambos casos, los datos nacionales resultan insuficientes para la rendición de cuentas.

Es cierto que los homicidios dolosos registran un descenso marcado a nivel nacional. Pero, a contracorriente del discurso triunfalista, si miramos con más detalle los datos acumulados de enero a julio de 2025, encontramos que las víctimas de este delito reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han aumentado en siete entidades frente al mismo periodo del año pasado: Sinaloa (261.6%), Baja California Sur (71.7%), Nayarit (53.6%), Campeche (47.1%), Tlaxcala (10.3%), Guanajuato (2.1%) e Hidalgo (0.6%).

En estas regiones, los asesinatos siguen marcando la vida comunitaria, y hablar de una “reducción nacional” suena distante, cuando no francamente indolente, para quienes conviven con la violencia todos los días.

Víctimas ocultas

También existen razones de peso para pensar que la violencia letal podría estar escondiéndose bajo otras categorías delictivas. De acuerdo con México Evalúa , de enero a junio de 2025 en al menos 20 estados las fiscalías reportaron más homicidios culposos, más desapariciones o más víctimas de otros delitos contra la vida que homicidios dolosos.

Hay casos realmente llamativos. Zacatecas registró 109 víctimas de homicidio doloso; pero 262 de homicidio culposo, 175 de otros delitos contra la vida y 184 personas desaparecidas. La Ciudad de México reportó 508 homicidios dolosos; pero 706 víctimas de otros delitos contra la vida y 1,306 personas desaparecidas. Durango consignó apenas 36 homicidios dolosos frente a 122 homicidios culposos y 75 feminicidios.

Si sumamos todos estos proxys de violencia letal —incluyendo el feminicidio—, el promedio nacional asciende a 1,395 eventos de violencia letal, es decir, el triple de los homicidios dolosos registrados oficialmente. Estos comportamientos anómalos refuerzan la sospecha de que los datos nacionales funcionan más como bálsamo estadístico que como reflejo fiel de la realidad. Detrás de las cifras podrían estar víctimas invisibles que cuestionan, con crudeza, la narrativa de una pacificación acelerada.

Un debate que apenas comienza

La política pública en seguridad no puede construirse únicamente a partir de sumas y restas de homicidios. Requiere un análisis profundo, que incorpore la complejidad de los registros, la diversidad territorial y la interacción constante entre Estado y crimen organizado. Lo contrario es condenarnos a repetir la historia: ciclos de entusiasmo breve seguidos de decepciones amargas.

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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.