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La reforma del sistema de salud no se improvisa

Una nueva ley de salud debe ser el resultado de un debate amplio, libre de prejuicios y acompañarse de un presupuesto adecuado. Un pacto de estado sería una gran idea, escribe Alberto Bello.
jue 18 julio 2019 06:00 AM
Alberto Bello
Alberto Bello, director editorial "Hard News" de Grupo Expansión.

La crisis del sistema de salud mexicano es histórica. La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ponerle fin debe ser bienvenida, como lo es la intención de incrementar el gasto público en salud en un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB). Pero la forma precipitada en que se están tomando algunas decisiones puede llevar a un deterioro de la atención al ciudadano promedio y a garantizar aún menos el derecho a la salud.

En concreto, la iniciativa de ley que presentó Morena en la Cámara de Diputados no se ha sometido a un debate serio entre especialistas del sector. Sería por ello un error que utilizara su mayoría para aprobarla sin una reflexión y una apertura a la sociedad.

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Las consecuencias de tomar decisiones sin el suficiente conocimiento técnico y desde lo deseable en lugar de desde lo real son visibles en la última compra consolidada de medicamentos, donde quedaron desiertas más de dos terceras partes de los rubros.

El gobierno ya corrigió muchos prejuicios con los que arrancó este proyecto y ya se está sentando con la industria (que genera empleos, inversiones y exportaciones mexicanas) en busca de soluciones sostenibles. Este mismo proceso sería deseable a la hora de resolver los grandes problemas de nuestro deficiente sistema de salud pública.

Despacio, que llevo prisa

Como ocurre en otros temas de la agenda acelerada de gobierno, la prisa es enemiga de la solución de problemas complejos. Cancelar lo que proceda de gobiernos previos, juntar los recursos, centralizar compras y rehacer todo desde cero no parecen medidas de política pública, sino medidas financieras, diagnósticos al vapor y parches de corto plazo.

La descentralización de la salud es necesaria para cualquier sistema que aspire a ser eficaz. ¿Tendría sentido analizar caso por caso dónde ha funcionado el Seguro Popular, y entender dónde no, y si fuera el caso, dónde hubo desvíos de recursos y cómo evitarlos? Puede llamarse de otro modo, reinventarse bajo los colores de Morena, pero cancelar los aprendizajes para volver a un sistema centralizado que tampoco funcionaba no parece la mejor solución. Además, la cancelación de derechos adquiridos por integrar fondos al Instituto del Bienestar puede encontrarse con dificultades legales de constitucionalidad, como puede ser los del fondo designado para enfermedades graves.

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La pregunta que surge, y que parecería un buen punto de partida, es si el gobierno ha tenido tiempo, recursos y amplitud de miras para hacer un buen diagnóstico de la situación.
La respuesta es que el corto plazo se comió la agenda. Difícilmente lo que se propone va a lograr los objetivos presidenciales de mejorar la salud del ciudadano promedio y ampliar el gasto en salud pública.

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Las preguntas no tienen carga ideológica ni signo político. ¿Cómo mejorar la atención primaria, el corazón de un sistema de salud sostenible?, ¿cómo se va a incrementar la prevención?, ¿qué política de recursos humanos y materiales debe tener este sistema?, ¿qué decisiones deben residir en la federación y cuáles en los estados?, ¿qué papel deben cumplir las empresas privadas, desde los fabricantes y distribuidores de medicamentos, las farmacias, los centros privados? Las respuestas no deben responder a un manual, sino a garantizar que los ciudadanos que sólo pueden utilizar el sistema público de salud sean atendidos con calidad y la necesaria velocidad.

La salud es un derecho reconocido por la Constitución. El gobierno está a tiempo de abrir la conversación de la reforma del sistema público de salud a los especialistas en el sector, a quienes dirigieron el sistema en el pasado, a la industria de salud y a los ciudadanos de a pie.

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El Consejo de Salubridad General está hoy definiendo los cuadros básicos del sistema público de salud. Con un mayor presupuesto y mayores atribuciones podría ser el responsable de hacer un diagnóstico general y de vigilar que se cumplan las metas de largo plazo al margen de presiones políticas y presupuestarias. Podría ser un buen sustituto de lo que en realidad debería suceder: un gran pacto de estado, en el cual los académicos de la salud, los partidos políticos, la industria y los ciudadanos compartan un diagnóstico y una propuesta de solución a lo que debería ser el primer derecho de todo mexicano: la salud.

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Nota del editor: Alberto Bello es director de Hard News de Grupo Expansión.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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