La primera primera fase será de noviembre de 2026 a junio de 2027. De acuerdo con el plan, se reestructurará la Junta de Gobierno con siete integrantes –tres serán independientes (UNAM, IPN y Tecnológico de Monterrey–, se abrirá el padrón público de contratistas y se excluirá a empresas con impedimentos legales o falta de capacidades.
La siguiente fase se realizará entre julio de 2027 y 2030 para formular una Ley de la Imprenta Nacional de México “con mandato exclusivo” para la documentación y material electoral, así como para la documentación de seguridad.
En esa segunda fase también se incluye una reforma a la LGIPE para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos, con especificaciones y control de calidad del INE.
“Actualmente, así se hace, pero no es obligatorio. Nosotros lo que estamos buscando es poner a disposición de la Cámara de Diputados esta iniciativa y que pueda hacerse de esta forma”, indicó.
De acuerdo con datos presentados por la secretaria, en 2024, el 59% de los Organismos Públicos Locales Electorales, no imprimió boletas en Talleres Gráficos y lo hicieron en talleres privados.
“En materia local se hicieron licitación, adjudicación directa a privados en el caso de 19 OPLE’s y en el caso de 13 OPLE’s lo imprimieron con boletas en Talleres Gráficos. Esto en su totalidad no lo hace el Estado”, comentó.
Rosa Icela Rodríguez dijo que el objetivo es que haya un mandato expreso para que los órganos electorales no impriman con privados.
“Un mandato expreso para producir documentación y materiales para el INE y los OPLE’s. También documentos de seguridad e impresos oficiales prioritarios para el Estado mexicano”, dijo.
La iniciativa se prevé sea presentada pasado el proceso electoral de 2027.