Los problemas en la adquisición y distribución de medicamentos ha sido un tema constante durante la actual administración debido en cambios en la forma de comprarlos y en las cadenas de reparto. Si bien, ya hay menos protestas por falta de medicamentos, aún persisten los reportes por falta de algunos de ellos.
López Obrador reconoció que hay zonas del país donde existe escasez de medicamentos. Sin embargo, indicó que con la estrategia del IMSS-Bienestar ha mejorado el surtimiento completo de recetas.
“Sí hay lugares en donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Pero ya salimos adelante. Ya les puedo decir que, en los nueve estados donde estamos interviniendo, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Campeche, el abasto está por encima del 90% con un sistema nuevo de recetas surtidas que se estableció”, agregó.
El mandatario dijo que en la compra de los medicamentos para 2023 y 2024 lograron ahorros importantes, aunque no detalló el monto.
Además reiteró que el problema de la distribución de fármacos en México se relaciona con que un grupo de 10 empresas se hacía cargo del traslado a hospitales y entidades federativas de todos los insumos sanitarios.
“No olvidemos que todo lo relacionado con la distribución de los medicamentos estaba en manos de un pequeño grupo. Diez manejaban 100,000 millones de pesos. Diez empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino políticos. Para qué mencionarlos, si ya son de dominio público”, señaló.
Los retrasos en las compras durante la actual administración se deben a la falta de coordinación de las instituciones de salud, lo que lleva a una baja participación de proveedores y al aumento de adjudicaciones directas en las que se compran fármacos a precios más elevados, consideraron expertos.
De acuerdo con el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski, en este gobierno se destruyó el sistema de compra y distribución de medicamentos. Primero, señaló a Expansión Política en entrevista, se le quitó esa responsabilidad al IMSS para transferirla a la Secretaría de Hacienda. Más tarde, el gobierno decidió que las compras las llevaría a cabo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), convenio que también canceló.
