No hay más: si queremos garantizar el futuro de nuestro país, primero tenemos que asegurar el futuro de nuestro planeta.
Atender esta emergencia pasa directamente por una cuestión de recursos y financiamiento. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se prevé que para el 2050 el costo para México del cambio climático alcance el 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esto es evidencia de que los retos en materia de financiamiento para esta crisis reflejan la complejidad de proponer iniciativas lo suficientemente ambiciosas, más aún ante las condiciones adversas que este gobierno parece estar fomentando.
Así pues, el financiamiento verde, tanto en México como en el mundo, sigue siendo un asunto pendiente que no se puede atender de manera correcta si no es a través de propuestas robustas que busquen abordar esta problemática con la seriedad que demanda.
De acuerdo con el Global Landscape of Climate Finance 2023, los flujos medios anuales de financiación de la lucha contra el cambio climático alcanzaron casi 1.3 billones de dólares entre 2021 y 2022, casi el doble en comparación con los niveles de 2019/2020. Este aumento se debió principalmente a una aceleración en materia de mitigación.
No obstante, es importante reconocer que, a pesar del crecimiento en 2021/2022, los flujos actuales solo representan alrededor del 1% del PIB mundial, mientras que las pérdidas que ocasiona la emergencia ambiental rondan el 1.8%.
¿Qué quiere decir esto? Según este reporte, aunque el financiamiento anual necesario hasta 2030 va aumentando gradualmente de 8.1 a 9 billones de dólares (bdd), a partir de 2031 y hasta 2050, las necesidades estimadas de financiación se disparan a más de 10 bdd.
Esto significa que debemos multiplicar por cinco la inversión anual destinada a la lucha contra el cambio climático cuanto antes si queremos evitar sus peores efectos.
En el caso particular de México, la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) ha observado que los objetivos de reducción a los que se comprometió el país hasta el año 2030 implican un costo estimado de 185,000 millones de dólares.
El reto –además de fondear estos recursos– recae en vencer la tozudez de un gobierno que parece no entender la gravedad del problema. Sin voluntad política, no habrá forma de movilizar el financiamiento climático en México. Por ello, se necesitan agendas y mecanismos más innovadores y atrevidos.
Desde el Senado lanzamos el Acuerdo Verde por México, cuyo objetivo es lograr el trabajo conjunto del gobierno, la academia, la sociedad civil, la iniciativa privada, así como de todas aquellas personas relacionadas con la lucha contra la extinción de nuestro planeta.
En este paquete de iniciativas, proponemos la creación de un fideicomiso de fondo verde para la resiliencia climática, en el que estamos buscando revivir al Fonden.
Pero no se trata solo de traerlo de vuelta del cementerio de fondos que aniquiló este gobierno de manera discrecional, sino de insuflarle nueva vida, trayéndolo al nuevo siglo. El fondo no estará dedicado exclusivamente a la atención de emergencias, sino a la construcción de resiliencia.
Estimamos que en el primer año de operaciones este fondo pueda contar con más de 25,000 millones de pesos (mdp) para comenzar, proyectando alcances de hasta 100,000 mdp.
El futuro de México es una agenda climática ambiciosa, y es precisamente por eso que hoy, desde este momento, comenzamos a procurar y cuidar el futuro del planeta.
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Nota del editor: Laura Ballesteros Mancilla es especialista en temas de medio ambiente y movilidad. Actualmente es senadora de la República. Síguela en X como @LBallesterosM Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
